TSJPV: ¿Garantismo, parcialidad... o coacción?

La manifestación que, por medio de un testaferro –Ainhoa Iñigo–, ETA-Batasuna convocó el domingo, se desarrolló conforme a lo que cabía esperar: vivas a ETA y sus pistoleros, proclamas secesionistas y ultrajes a la bandera de España –el símbolo que representa todo aquello que los nacionalistas (“moderados” o “radicales”) quieren erradicar: la libertad, la democracia y el pluralismo político–, todo ello “amenizado” y coordinado por Arnaldo Otegi, el líder del ilegalizado brazo político de ETA y dos encapuchados, en representación de la banda terrorista. Tan evidentes eran las intenciones de los convocantes en la sombra que Javier Balza, consejero de Interior del Gobierno vasco, no tuvo más remedio que prohibirla, en cumplimiento de lo dispuesto por la Audiencia Nacional, cuyos autos prohiben los actos, concentraciones o manifestaciones de la coalición HB o EH y sus sucedáneos o sucesores.

Sin embargo, el TSJPV, haciendo gala de un “impecable” garantismo e imparcialidad, anuló, de acuerdo con el fiscal, la disposición de Balza a petición del abogado de la testaferro de ETA-Batasuna y autorizó la manifestación, argumentando que Ainhoa Iñigo no tenía relaciones evidentes con el conglomerado etarra; aun a pesar de que, previamente, los portavoces de ETA y sus aledaños, se apresuraron a apoyar y “recomendar” la asistencia a la mascarada. Un garantismo e imparcialidad que, por desgracia, el alto Tribunal vasco no exhibió en el reciente asunto del procesamiento de los miembros de la mesa del Parlamento Vasco, Atutxa, Knorr y Bilbao, que se niegan a disolver el grupo de SA, clon de la ilegalizada Batasuna.

Manuel Zorrilla, presidente del TSJPV, Manuel Díaz de Rábago y Enrique Torres, los magistrados de la Sala de vacaciones del TSJPV que decidieron dar luz verde a la manifestación proetarra, fueron los mismos que votaron en contra del procesamiento de Atutxa, Knorr y Bilbao. Y fue también Manuel Zorrilla quien, saltándose la normativa vigente en lo relativo a constitución de Salas especiales, nombró para la Sala de la Discordia que tenía que decidir sobre el procesamiento de Atutxa y sus compañeros de Mesa precisamente a Manuel Díaz de Rábago y a Enrique Torres. El CGPJ tuvo que anular recientemente la decisión de Zorrilla y el auto de no procesamiento de la Sala que éste nombró. Fue Manuel Díaz de Rábago, presidente en funciones del TSJPV el pasado septiembre, quien se opuso a que las instituciones judiciales organicen actos de condena contra el terrorismo, pretextando que los jueces no debían tomar parte en “actos de condena, rechazo o repudio de aquellas actuaciones que ocurren en la vida social y que luego van tener que juzgar”; pues, según él, ello “no se corresponde a lo que tiene que ser la imagen de necesaria imparcialidad del poder judicial". Y fue también Manuez Zorrilla quien denegó el uso de las instalaciones del TSJPV para la entrega del premio Carmen Tagle, “por razones de oportunidad”.

Con estos precedentes, se diría que, para el TSJPV, nunca es oportuno ni conveniente dictar autos o disposiciones que pudieran lesionar los intereses del nacionalismo “moderado” o “radical”, mientras que siempre es oportuno y ponderado dar vía libre a los fraudes de ley de los que, constantemente, el PNV y ETA-Batasuna se sirven para lograr sus fines. Pues es evidente, incluso para el más lego en materia jurídica, que la convocatoria de la manifestación por parte de ETA-Batasuna a través de un tercero reviste todas las características de un fraude de ley con el que la banda terrorista pretendía y ha conseguido sortear la prohibición de convocar actos públicos que pesa sobre Batasuna y sus sucedáneos.

La decisión del TSPV, enmarcada en su trayectoria de los últimos meses, hace sospechar que, o los miembros del Tribunal simpatizan con las tesis del nacionalismo “moderado” y “radical”, o bien la presión nacionalista o las amenazas de ETA-Batasuna les impulsan a adoptar esa actitud. Sea como fuere, el CGPJ –que, como hemos señalado antes, tuvo anular recientemente la composición de la Sala de la Discordia que decidió Zorrilla–, debería tomar cartas en el asunto y ocuparse directamente de garantizar que, en el futuro, las decisiones del TSJPV estén libres de toda sospecha de parcialidad o mediatización. Iguales medidas cabría esperar de la Fiscalía General del Estado, que debería instar inmediatamente al fiscal del TSJPV –que también dio luz verde a la manifestación proetarra– para que investigue y solicite el procesamiento de Otegi por apología y enaltecimiento del terrorismo y por ultrajes a la bandera, delitos que cometió a plena luz del día y en presencia de las cámaras de los medios de comunicación.

• Compartir
• Tuitear
• Enviar
• Enviar