Progresar es tanto como avanzar, ir hacia delante, mejorar, perfeccionar lo conseguido. Según eso, todos los políticos pretenden que el país progrese, o al menos su circunscripción. Sería raro que un político se propusiera que sus votantes empeoraran o retrocedieran en su forma de vida. Por eso mismo llama la atención que solo unos cuantos políticos –los de la izquierda– digan expresamente que quieren el progreso para el país. Mejor dicho, esos políticos –y no otros– pretenden pasar por “progresistas”. Pero entonces, ¿qué es realmente el progreso o el progresismo? Muy sencillo. Un “gobierno de progreso” se distingue por el deseo de administrar la mayor cantidad posible de dinero público. Esa administración, para pasar por legítima, aparece calificada como “gasto social”. No importa que una parte de ese gasto público sea realmente un derroche o de carácter parasitario. El gasto público inmoderado se viste como “progresista”, en cuyo caso se justifica a los ojos del electorado, especialmente si no se informa bien. En definitiva, un “gobierno de progreso” acumula más poder e influencia, porque reparte más.
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