El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir una información previa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Alcoy (Alicante) "para determinar las circunstancias que han dado lugar" a la puesta en libertad de Francisco Gómez Simón, tras cumplir el plazo máximo de prisión preventiva sin ser juzgado por el triple crimen cometido en agosto de 1999 en la localidad alicantina de Benifallim, del que es único acusado. Hay que esperar que la decisión de CGPJ responda a una voluntad firme de llegar hasta el fondo de este escandaloso asunto y que no constituya una mera maniobra de distracción que no tenga por objetivo más que aplacar la justificadísima alarma social del momento para acabar, poco tiempo después, con el archivo de las actuaciones.
Aunque el de Benifallim es un caso de extrema dilación judicial bastante atípico, en muchas ocasiones se ha abierto diligencias contra otro tipo de escandalosas incompetencias judiciales —por ejemplo, las que dejan en libertad provisional bajo nimias fianzas al reo y que facilitan su posterior fuga— sin que las actuaciones del CGPJ hayan concluido en la apertura de expediente disciplinario alguno.
Es simplemente intolerable que un inculpado de un triple asesinato haya estado cuatro años en prisión sin que se haya celebrado un juicio. Más si cabe si tenemos presente que la investigación policial aportó desde un primer momento numerosas pruebas contra el acusado, quien además hizo unas declaraciones —de las que luego se retractaría— en las que confesaba la autoría del triple crimen. Cuatro años después, el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número Uno de Alcoy ni siquiera ha finalizado la instrucción del caso.
La existencia de jueces sustitutos en muy poco exonera de responsabilidad a los titulares de ese juzgado ni al fiscal. Además, desde agosto de 1999, en que Gómez Simón fue detenido, y noviembre de 2001, es decir, dos años y tres meses, el titular del Juzado fue la misma persona. Es verdad que tras su cese, en noviembre de 2001 y hasta agosto de 2002 se ocuparon del Juzgado varios magistrados sustitutos. Pero desde este último mes, tomó posesión el actual titular, quien lleva ya un año en el puesto.
El CJPJ —insistimos— debe llegar hasta el final y tomar medidas contra los responsables de este escándaloso e increíble retraso que echa por tierra ante la opinión pública los esfuerzos ministeriales por agilizar nuestra Justicia. Sería ciertamente lamentable que la reforma de la Justicia —ya de por si parcial e insuficiente— emprendida por el Poder Legislativo se desperdiciara además por el corporativismo de unos jueces incapaces de aplicar a sus compañeros las sanciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Corporativismo y dilación judicial
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