El ministro del Interior ha dado por descabezada la “cúpula directiva de ETA” con la detención en Francia del presunto jefe de comandos Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach, responsable de la “logística operativa”, Iñigo Vallejo Franco, también con responsabilidad en el “aparato militar” y José Miguel Almendoz, miembro no fichado. Acebes ha considerado que “es uno de los días más importantes contra la banda terrorista”, una afirmación en absoluto exagerada si, junto al importante papel que desempeñaban en las banda estos detenidos, tenemos en cuenta que a estas detenciones se suma la larga serie de operaciones policiales que han debilitado enormemente la operatividad de la organización terrorista. El pasado jueves, sin ir más lejos, era detenido también en Francia Ibon Fernández Iradi, “susper”, que dirigía los comandos junto a Palacios, y que ha permitido las pesquisas que han llevado a la última acción policial contra la banda.
Acebes, por otra parte, ha sido lo suficientemente prudente y realista para no dejarse llevar por la euforia y advertir que, pese a las detenciones, ETA puede seguir matando. Sin embargo, no hay duda de que asistimos a una campaña sistemática de acoso a la banda que la deja en una situación más precaria que la que padecía en 1998, justo antes de declarar la tregua.
Para justificar esta optimista visión, que también se evidencia en la reducción de los atentados, no sólo hay que basarse en el alto número de detenciones que se están produciendo. En estas décadas de lucha contra el terrorismo ha habido otros años de muchas detenciones que sin embargo no permitían juicios tan optimistas. Pero con el Gobierno del PP, esta “solución policial” no queda aislada sino que va acompañada de una tardía pero ya firme determinación política y judicial de combatir hasta derrotar a los terroristas. La verdad es que no siempre ha sido así, incluida la primera etapa del Gobierno del PP. Desgraciadamente el “a por ellos, con todo el Estado de Derecho, a por ellos” que gritara la periodista Victoria Prego como portavoz ciudadana de las multitudinarias manifestaciones que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco se convirtió en un “a por ellos” para “dialogar” con ETA. Se probaba de nuevo —sólo que esta vez ante los focos de la opinión pública— la errada vía de las negociaciones de Argel. El imperio de la Ley y el combate contra el terrorismo pasó en esa etapa a ser un “proceso de paz”.
Sin embargo, el Gobierno tras la tregua, y después de comprobar que su predisposición a hacer concesiones penales era traducida —una vez más— por los terroristas como una posibilidad de lograr un precio político por la paz, decidió poner en marcha ese endurecimiento del Estado de Derecho que tenía aparcado en su programa electoral y que España había mantenido prácticamente al ralentí desde los inicios de la transición política. El Ejecutivo dejó de señalar en el horizonte la posibilidad de indultos y una “salida dialogada” que contemplaba el Pacto de Ajuría Enea y que mermaba el efecto disuasorio de las detenciones hasta entonces. Por el contrario, el Gobierno, en estos últimos tiempos, ha endurecido la penas y se ha comprometido en su cumplimiento, tanto para el terrorismo como para la kale borroka, al tiempo que ha reducido la escandalosa prodigalidad de muchos jueces a la hora de decretar la libertad provisional a la espera de juicio y que era aprovechada por muchos terroristas para darse a la fuga.
Junto a ello, el Gobierno ha sacado adelante —con el PSOE— la ley de partidos que trata de impedir la financiación pública de ETA a través de sus representantes políticos. Ya lo ha conseguido en Navarra y parece que hay determinación para forzar a los nacionalistas a que lo hagan en el País Vasco. Junto a ello, hay una critica —desgraciadamente sólo ejercida con rotundidad por el PP— dirigida no sólo a los medios de los terroristas sino también a los fines políticos que les inculcó el PNV, partido que ya no es visto como solución sino como parte del problema del terrorismo nacionalista.
Si echamos un vistazo a las vicisitudes de las últimas detenciones, podemos compartir el optimismo del ministro que precisamente debe radicar en la disposición a no cometer los errores que en el pasado se han producido. Por ejemplo, cuando Gorka Palacios —ahora con menos de treinta años— tuvo conciencia de sí mismo, España ya era una democracia y no sufría “opresión” alguna como aquella en la que se excudaban quienes habían iniciado su actividad criminal en tiempos de la dictadura. La falsa opresión que Palacios “combatía” a base de asesinatos, no era otra que la que le había inculcado el nacionalismo gobernante, el mismo que le aseguraba que se podían recolectar frutos del árbol que él sacudía, el mismo nacionalismo —¡ay!— que los constitucionalistas no han dejado hasta ahora de intentar contentar.
Del otro de los detenidos, Iñigo Vallejo, podríamos decir otro tanto. Con la diferencia, además, de que se trata de un militante de la kale borroka que ya había sido anteriormente detenido, pero que la Audiencia Nacional decidió dejar en libertad provisional en 1998. Cuando fue condenado a 17 años de cárcel, se había fugado con el resto de procesados, quedando abocado a la clandestinidad y a la militancia en ETA, en un periplo similar al de innumerables terroristas de la banda.
No menos relevancia para entender el nuevo marco en que se produce estas detenciones es el hecho de que se han producido en Francia. Durante demasiado tiempo, especialmente bajo mandato socialista, el país vecino ejercía de refugio y asilo de los terroristas sin que Madrid elevase queja alguna a Bruselas. Y es que, por entonces, el único dirigente y socio europeo que era merecedor de crítica para nuestro Gobierno era... Margaret Thatcher
Finalmente, hemos de tener en cuenta que, según fuentes de la investigación, uno de los posibles encargados de reconstituir la organización terrorista tras estas últimas detenciones, es el veterano Josu Ternera, en paradero desconocido desde que se inicia el procedimiento de imputación por los multiples asesinatos —entre ellos la matanza de Hipercor. Hasta su fuga, Ternera era parlamentario —con derecho a voz, voto y subvención— en el parlamento vasco y presidía la comisión de derechos humanos de la Cámara de Vitoria...
Ciertamente, esperemos que ETA no tenga más vida que la que todavía le dan los últimos coletazos de nuestros pasados errores.