El ministro José Antonio Alonso, durante su visita a León de este lunes, ha defendido la libertad de religión recogida en la Constitución "siempre que no se utilice para armar actividades ilícitas", y la necesidad de que se "articulen" y "consensuen" medidas al respecto dentro del Pacto Antiterrorista. Si Alonso hubiera empezado por ahí, tal vez no se hubiera llegado a producir la polémica que ha suscitado sus declaraciones iniciales —mucho menos afortunadas— a favor de una reforma legal que permita “controlar” los mensajes, tanto en iglesias como en mezquitas, para prevenir las actividades terroristas del radicalismo islámico.
También ha terciado y, en parte, reconducido la polémica, el ministro del Exterior, Miguel Ángel Moratinos, quien ha querido secundar a Alonso, pero señalado que "había corrientes muy controladas por la influencia wahabita, había muchos temores de una presencia marroquí y, por lo tanto, de una financiación marroquí para poder controlar las mezquitas artificiales, en talleres, en oficinas prácticamente ilegales". “Esto es lo que yo creo—ha concluido Moratinos— que, tanto el ministro del Interior, como el de Justicia, con mi ayuda, vamos a intentar poner en un cierto orden".
Todo lo que sea poner en orden y tener conocimiento de la financiación de las mezquitas y de la doctrina que en ellas se imparte es, en principio, un buen objetivo. Ahora bien, esto exige no confundir churras con merinas como lo ha hecho el ministro del Interior al meter en el mismo saco al Islam con las otras confesiones. En España —ni en el mundo— hay un problema de terrorismo —y mucho menos islámico— instigado desde los púlpitos de las iglesias o de las sinagogas. Tampoco en ellas se instiga al maltrato a la mujer, ni se hace llamamientos contra aquellos creyentes que dejan de serlo o pasan a abrazar otras confesiones.
Reconocemos también el problema que Moratinos señala sobre esas pequeñas mezquitas que "han ido creciendo en España de manera brutalmente descontrolada”. Sin embargo, empezamos a preocuparnos cuando el ministro de Exteriores lo relaciona con el hecho de que “no había en España una preocupación para financiar y facilitar y contribuir a que una expresión religiosa de una cultura y una religión tan importante como es la islámica, tuviese los cauces institucionales que lo permitiesen". Que regímenes como el de Marruecos —donde a sus “ciudadanos”, incluidos los emigrantes, se les inculca la fidelidad al Rey Mohamed VI en su calidad de guía de los creyentes y defensor de la fe— o el de Arabia Saudita —que financia y propaga fuera de sus fronteras la corriente islámica wahabi a la que pertenecen la mayor parte de los terroristas de Al Qaida— , financien la creación y el sostenimiento de las mezquitas en España es un problema y una amenaza de tal naturaleza que no puede ni debe ser solventado a cargo de nuestros impuestos.
Tampoco nos parece lógico eso de exigir por adelantado a los imanes de turno sus sermones, como venía a pedir Alonso en sus primeras declaraciones. Eso es como pedir a un sospechoso que deje por escrito sus intenciones delictivas. Habrá que esperar a ver que consenso se alcanza en el Pacto Antiterrorista —que recordemos lo integran únicamente el PSOE y el PP— para enjuiciarlo. Pero lo que ya adelantamos es que, por supuesto, la propagación del islam debe estar bajo la sombra de la sospecha y que no hace falta cambiar la ley para investigar si se cumple en las mezquitas y para penalizar al que la viole.