La Ministra María Jesús San Segundo acaba de anunciar que abordará la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en diciembre de 2001. Poco se sabe del contenido concreto de esta nueva reforma. La primera valoración que cabría hacer de esta iniciativa no es muy positiva, aunque la Ministra no tenga la culpa: este proceso de reforma está durando ya demasiado. Los efectos de la LOU de 2001 se dejaron sentir en la universidad española mucho antes de que dicha norma se aprobara. Recuerdo la cantidad de plazas de funcionarios que se convocaron a toda velocidad para evitar el más exigente y objetivo procedimiento de la nueva Ley (el de la entonces vigente LRU de 1983 era de lo más cómodo para los candidatos con "protección" de un padrino local). Así pues, desde principios del 2001 como mínimo los profesores universitarios vivimos en un estado de incertidumbre bastante angustioso. Después de aprobada la LOU tuvimos que esperar a que los reglamentos y demás normativa de segundo nivel estuviera lista, las nuevas instituciones se crearan y empezaran a funcionar (eso llevó todo el año 2002 y parte del 2003). Ahora que el caos empezaba a remitir se reaviva y se alarga unos años más. Si la nueva Ley reformada se aprueba a finales de 2005 tendremos aún al menos un año más (todo el 2006) para adaptarnos al nuevo sistema. Estamos hablando de un extenso período (2001-2006) de nada menos que seis años.
Está claro que la LOU de la Ministra Pilar del Castillo tenía fallos de diseño notables, aunque sus líneas generales implicaban un cambio de orientación en la dirección correcta. Yo he defendido en privado y públicamente la LOU frente aquellos que protestaban contra ella sencillamente porque la mayoría de los disconformes se rebelaban contra una normativa que introducía un mayor nivel de exigencia para el profesorado y disolvía algunas de las mafias enquistadas en nuestra universidad. Pero soy perfectamente consciente de que hay aspectos muy mejorables en la LOU. Para empezar, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) no es una institución bien diseñada (escasas competencias, nada transparente, criterios poco objetivos, entre otras cosas), y ha funcionado muy mal. El procedimiento de acceso al cuerpo de profesores funcionarios (la "habilitación") tiene también fallos de diseño (los miembros de los tribunales de habilitación tienen que estar semanas cuando no meses trabajando fuera de casa, cuando podrían limitarse a valorar un currículum) y se ha demostrado costoso y lento. Pero también hay muchas cosas positivas en la concepción general de esos mecanismos: criterios uniformes para todos, concursos centralizados, tribunales con cierta autoridad moral. Todo lo que vaya en la dirección de una mejora en la implementación de unos principios generales correctos me parecerá una excelente noticia, aunque sea al precio de dos años más de espera. Todo parece indicar que esa es la idea.
La capacidad de la Ministra San Segundo, doctora por la universidad de Princeton y experta en Economía de la Educación, alimenta el optimismo. Además, la política de investigación está a cargo de un académico de prestigio internacional, Salvador Barberà, persona muy cercana a la Ministra San Segundo. Si cometen errores no será por ignorancia. Cabe esperar que la Ministra sea partidaria y firme defensora de un sistema que establezca criterios objetivos y sea exigente, un sistema que evalúe constantemente la actividad investigadora y docente de los profesores, donde se premie el mérito y donde se incentive el trabajo. Lo dicho debe afectar también a la financiación de las universidades, porque no es aceptable poner la misma cantidad de dinero público en un centro de élite que en uno mediocre. En una palabra, hablamos de un cambio radical en la universidad.
Pero para cambiar radicalmente las cosas hay que pelear. En cierto sentido el coraje que se puso en la aprobación de la LOU fue malgastado en una normativa no sólo técnicamente deficiente, sino también débil, ambigua y que dejaba puertas abiertas al pasteleo. Sin embargo ahora la Ministra San Segundo quiere "consensuar" ampliamente la nueva reforma, y eso no es buena señal. Porque así como la lucha no es condición suficiente para una buena Ley (véase el caso de la LOU), sí es condición necesaria. De pastelear con los rectores (auténticos "capos") no puede salir nada bueno. La universidad está tan viciada que no podemos esperar que muestre ninguna voluntad de regeneración, y toda reforma orientada en la dirección correcta deberá imponerse tenazmente "desde arriba", y no sin una fuerte oposición. Bien pudiera ser que la Ministra no haya hecho otra cosa declarar su disposición a hablar con todo el mundo, y que en verdad tenga un proyecto claro (no desvelado) por el que esté dispuesta a pelear. Esperemos.