Cesare Beccaria, en su célebre “De los delitos y las penas” decía, a propósito de los indultos, que “hacer ver a los hombres que los delitos pueden perdonarse o que la pena no es consecuencia necesaria de los mismos, es fomentar la promesa de la impunidad, hacer creer que, toda vez que las condenas pueden perdonarse, las no perdonadas son más bien violencias de la fuerza que emanaciones de la justicia”.
Si esto es predicable, en general, de ese arcaico e injusto derecho de gracia, —que no conceden las víctimas, sino el gobierno— , la sensación de impunidad que conlleva el indulto todavía es más acusada si lo aplicamos al caso particular de Rafael Vera, ex secretario de Estado de la Seguridad con el PSOE, que ya fue indultado por el caso Marey, y que ahora pretende volver a serlo por la malversación de los fondos reservados por la que ha sido condenado a siete años de cárcel.
Conceder nuevamente otro indulto a una persona que ya lo ha recibido en el pasado por otros delitos; que, además, ejercía responsabilidades de Gobierno en el momento de cometerlos y que no ha devuelto un solo céntimo de lo robado, consolidaría la gravísima impresión de que no todos están bajo el imperio de la Ley.
Téngase en cuenta, además, que está solicitud de indulto que, en nombre de Vera, han hecho este martes los que, como González o Barrionuevo, eran entonces sus superiores jerárquicos, viene precedida por unas declaraciones escritas del propio condenado quien aseguraba en una carta este domingo que siempre actuó con “conocimiento y autorización de todos mis superiores” y en las que anunciaba tomar una enigmática “ultima decisión”. A estas declaraciones les han seguido otras de extrema gravedad de Rodríguez Ibarra, compañero de partido y uno de los principales “barones” del PSOE, que ayer mismo comentaba sentirse “como un sacerdote” al que una persona le había confesado su culpabilidad en un delito por la que otra ingresa en prisión.
Si Vera puede saber mucho —dicho sea de paso— de lo que hacía su hombre de confianza al frente de la UCO entorno al 11-M, qué no sabrá de lo que pasaba cuando era él quien estaba en el Gobierno. Estaremos, sin embargo, todos de acuerdo en que el silencio del condenado no tenga que ser una razón más que añadir a la vieja legislación que regula el derecho de gracia. A estas alturas de debilidad moral y política manifiestas de ZP, lo que cabe exigir al presidente de Gobierno, no es ya que se niegue a conceder el indulto, sino que exija de inmediato a Rodríguez Ibarra que acabe con ese “silencio sacerdotal” que, de ser cierto lo que calla, lejos de favorecer un indulto, habría impedido condenar al verdadero culpable.