Esquerra Republicana de Cataluña propondrá en febrero al Ejecutivo socialista un pacto de un año de duración para asegurar la estabilidad del Gobierno, a cambio de varias contraprestaciones en materia de sanidad, transportes y educación. En el texto aprobado este lunes por los secesionistas catalanes, se marca como objetivo arrinconar al PP. Para los separatistas, “cuanto más estable sea el Gobierno del PSOE, más fácil será aprobar” el nuevo Estatuto catalán.
Por otra parte, según ha informado el diario El Mundo, el Gobierno de ZP se plantea incluir en la introducción de la Carta Magna la diferenciación entre 'naciones', 'comunidades nacionales', 'nacionalidades' y 'regiones', que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, quiere llevar al artículo 2.
La falsificación de la identidad histórica de Cataluña y el País Vasco que, en plena deriva nacionalista, pretenden llevar a cabo socialistas vascos y catalanes con su propuesta de proclamar a estas comunidades autónomas como “nación” o “comunidad nacional” en sus respectivos estatutos de autonomía, no dejaría de ser un derribo de los pilares en los que se asienta la Constitución, por mucho que, para darle cabida, se modificara el preámbulo de nuestra Ley de leyes.
La contradicción y el disparate legislativo sería aun más notorio si el preámbulo de la Constitución conllevara una negación de lo que seguiría defendiendo el núcleo de su regulación legislativa. Así, mientras el preámbulo pasaría a informarnos de la existencia de varias naciones o comunidades nacionales, el artículo 2 seguiría proclamando que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Ya es disparatado pretender que un estatuto de autonomía contradiga a nuestra Carta Magna, pero pretender “subsanarlo” ahora haciendo que sea el propio preámbulo de la Carta Magna el llamado a pulverizar el fundamento sobre la que esta dice asentarse, es el colmo de los gravísimos desatinos que nos inflige un gobierno presidido por Zapatero.
Además de ser buena muestra del nivel sin precedentes de entreguismo del que es capaz este gobierno ante el separatismo vasco y catalán, este globo sonda de tan fácil pinchazo, deja en evidencia, además, la profunda ignorancia de las más elementales nociones de derecho constitucional por parte de la dirección del Partido Socialista. Si bien los procedimientos de reforma serían diferentes, el apoyo del PP seguiría siendo indispensable, tanto si lo que se quiere cambiar es el artículo 2 como si es el preámbulo constitucional.
Vistas así las cosas, la oferta de los separatistas catalanes a los socialistas no es tanto una llamada a arrinconar al PP, como una clara incitación al Gobierno a llevar a cabo un asalto sin precedentes al Tribunal Constitucional para que acepte el pulpo como animal de compañía. A eso, o bien a hacer caso omiso a nuestro Estado de Derecho. Esperemos que este gobierno que encontró su legitimidad de origen tres días después del 11-M no ceda en el futuro a la tentación de llevar a cabo una fractura de la legitimidad en el ejercicio del poder. Los autogolpes no son admisibles ni en Venezuela ni en España. Y a eso conduce, ni más ni menos, la oferta que a ZP le ha hecho el interlocutor de ETA en Perpiñán.