Nuestro sistema electoral se diseñó hace veinticinco años para dar cabida a las minorías con objeto de que éstas no se sintiesen excluidas del panorama político. Una intención tan loable se ha transmutado un cuarto de siglo después en una doliente realidad en la que una de esas minorías beneficiadas por la ley electoral mantiene secuestrado al Gobierno de la Nación. Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que obtuvo 650.000 sufragios en los últimos comicios, es algo más que la llave de la gobernabilidad. La formación presidida por Carod Rovira es el auténtico factotum de la política nacional desde hace más de un año y está sacando un proverbial lustre a su poco más de medio millón de votos. Anteriormente se habían vivido situaciones semejantes, especialmente en la última y agonizante legislatura del felipismo, en la que el Gobierno de González hubo de rendirse continuamente ante CiU para mantenerse a flote.
Los convergentes crearon entonces un modelo que los hombres de Carod en Madrid están reproduciendo con diligencia, eso sí, incorporándole un radicalismo nunca visto hasta ahora e imprimiendo una urgencia a las demandas que podría eventualmente llegar a romper la baraja. Porque el principal problema del principal socio de Zapatero en las cámaras no es que sea minoritario sino que es desleal al sistema que tanto le favorece. Sus dirigentes no dejan lugar a dudas cada vez que tienen la oportunidad de abrir la boca. El objetivo declarado de ERC es separar a Cataluña del resto de España a través de una generosa reforma en el Estatuto que, a su vez, provoque una traumática metamorfosis en la Constitución. De este modo, mientras el Gobierno simplemente pretende llegar a acuerdos puntuales para ir sorteando los momentos difíciles que tiene gobernar en mayoría relativa, los republicanos aspiran a una ruptura consensuada del modelo de Estado, es decir, proponen abiertamente la apertura de un nuevo proceso constituyente utilizando como palanca su parvo patrimonio de votos.
Zapatero, sin embargo, no está tan necesitado de apoyos como pudiera parecer. Si es preso de la minoría republicana lo es por decisión propia. Los 164 escaños con los que cuenta en el Congreso de los Diputados deberían ser suficientes para gobernar adoptando acuerdos de coyuntura con diferentes formaciones políticas entre las que, por supuesto, habría de estar incluido el PP. Pero no, la meta del Gobierno no parece ser gobernar para todos en función de los intereses de la Nación sino marginar al Partido Popular a cualquier precio, conseguir una mayoría que contrarreste la minoría del PP. Semejante equilibrio puede cobrarse un coste político inmenso. Si se aborda la reforma de los Estatutos y de la Constitución desde la insensatez y el ánimo de revancha la democracia que hoy conocemos puede resentirse gravemente. Por otro lado, abrir irresponsablemente la caja de Pandora del modelo territorial puede llevar a la desmembración de una Nación que se cuenta entre las más antiguas del Europa, y, lo que es más importante, entre las más libres del mundo.
