El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, acaba de mostrar su “preocupación” por el “proyecto de reforma” del Estatuto catalán y la conveniencia de que el Congreso tenga la “deferencia” de consultar al Poder Judicial. Aun con la prudencia y la timidez que le caracterizan como presidente del CGPJ, las palabras de Hernando parecen ser, sin embargo, las únicas que pretenden situar la histórica rebelión institucional perpetrada en el parlamento autonómico catalán contra nuestra Ley de leyes, en el ámbito que le corresponde, que no es otro que el de la Justicia.
Bien está que Rajoy reclame unas elecciones generales anticipadas en el más que previsible caso de que el gobierno del 14-M se limite, en el Parlamento nacional, a un mero maquillaje de un proyecto tan nuclear y radicalmente contrario a nuestro ordenamiento constitucional como el que nos ocupa. Pero, no nos engañemos. El proyecto soberanista, aprobado ya en el parlamento catalán, seguiría siendo después de esas hipotéticas y anticipadas elecciones generales tan radicalmente contrario a nuestra Ley de leyes como lo es en estos momentos.
Tiene toda la razón el líder de la oposición cuando señala que lo que pretende Zapatero y el tripartito catalán no es otra cosa que una reforma constitucional encubierta. Pero ese carácter solapado lo desvelaría, precisamente, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no la celebración de unas elecciones generales. Lo que se debería someter a criterio de los ciudadanos, –en todo caso y como paso exigible del proceso de reforma– sería la enmienda constitucional que hasta hace poco reclamaba Maragall, y no la genérica representatividad de los partidos políticos.
Maragall siempre fue consciente del carácter ilegal de su “proyecto de reforma estatuaria”. Precisamente por eso reclamaba, hasta hace nada, la erradicación de los artículos de la Constitución que obstaculizaban sus intenciones de proclamar a Cataluña como “nación” y acabar con la igualdad y la solidaridad de todas las autonomías que integran la “nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Ese abierto y confeso requerimiento de poner fin al consenso constitucional del 78 se silenció, sin embargo, una vez que se fue consciente de que ni siquiera las nuevas mayorías surgidas del 14-M eran suficientes para reformar nuestra Carta Magna. Ahora, simplemente, se trata de presentar esta “reforma estatutaria” como algo fácilmente asumible por nuestro ordenamiento constitucional, como algo perfectamente acorde con lo que la vicepresidenta ha calificado de “normalidad democrática”.
No hace ni un año que Mayor Oreja alertó que en España no hay uno sino “dos planes de ruptura de la Constitución, con dos ritmos y dos velocidades distintas. Uno, el Plan Ibarretxe, en el que el arbitraje de ETA ha sido muy palpable en una votación, pero hay otro plan en el que ETA actúa por vía de intermediario apadrinando el arbitraje que ERC hace en Cataluña y en el conjunto de España”. Días después, Rajoy en Sigüenza, desoía a Acebes y a Mayor Oreja, y se alineaba con el nihilismo acomodaticio de Piqué y de Gallardón, para que la postura del PP ante el proyecto de reforma estatutaria catalana no fuera tan enérgico y beligerante como el manifestado contra el Plan Ibarretxe.
Desde entonces, ¿cuántas veces Piqué ha eludido la “crispación” y la batalla de las ideas con la excusa de que ese plan de ruptura no saldría finalmente adelante en el parlamento catalán?
Bien es cierto que el zigzagueante liderazgo de Rajoy ha sabido con el tiempo enmendar la situación. Pero, precisamente por eso, no está de más recordar ahora que el recurso de inconstitucionalidad –a diferencia de una convocatoria anticipada de elecciones– sí está en sus manos. Presentarlo podrá esperar; dejar clara la voluntad de hacerlo, no se debe retrasar ni un minuto más.
