Parece que la complacida actitud oficiosa del PSOE respecto de la posibilidad de tener alguna negociación con ETA en base a que ya son tres años sin víctimas mortales comienza a hacer agua a la vista de los reiterados atentados con daños materiales y víctimas de heridas leves que –suponemos– la ETA debe llamar "colaterales". No se conocen datos para afirmar con seguridad que dicha actitud oficiosa es además la imagen que oculta los contactos ya efectuados y la negociación ya emprendida. Hay manifestaciones acá y allá, como las de Azkarraga, que hacen sospechar que efectivamente ha comenzado ya la negociación. Pero no podemos ir allende la sospecha.
Los atentados de ETA con daños materiales –el llamado terrorismo de baja intensidad– son prueba de que la banda es capaz de actuar y tiene operatividad para matar. No lo hace porque espera sacar más ventajas en una futura (¿o ya presente?) negociación, sabiendo que una víctima mortal destruiría la capacidad negociadora del PSOE, al arruinar su pretendida legitimidad como partido incontaminado por no haber tenido contactos con los "apestados".
Pero ETA atenta porque, además de probar su poder, necesita ejercitar su capacidad de extorsión: detrás de muchos estos atentados está la recaudación del impuesto revolucionario. No sabemos si lo recaudado se gasta en armas, pero sí sabemos que ETA se está nutriendo económicamente y esa es la base de toda la organización. ETA no está más débil, sino más fuerte que hace tres años. La ausencia de víctimas en el escaparate no demuestra ni el cambio ni la debilidad de la empresa. ETA no ha dejado de ser una organización criminal que no respeta los principios democráticos.
Por tanto, no parece que la ausencia de víctimas mortales, mientras la banda se consolida, sea motivo de esperanzas, y menos de alegrías. Pero no nos podemos quedar en los sentimientos. Esta reflexión quiere ir más allá y señalar que tampoco una tregua es solución al problema, sencillamente porque la tregua no debilita a la banda criminal.
Parece que el Gobierno estaría muy contento si ETA declarara una tregua; estaría más contento si la tregua fuera indefinida. Se vendería como la prueba de que el camino de la negociación está abierto, que ETA tiene voluntad de dejar las armas gracias a la astuta y perseverante diplomacia del Gobierno. Se vendería como un triunfo del Gobierno, que ha vencido a pesar de la perversidad de la oposición. Pero la tregua, por su propia definición, no es el final de una guerra. Además, admitir que la criminal actividad de ETA es una guerra es justamente darle la razón. Admitir que un cese en la actividad criminal –desde luego interesado, en modo alguno por escrúpulos humanitarios– es una tregua es comenzar a darle la razón. Por eso, la primera conclusión de estas reflexiones es negarse a admitir la palabra tregua. La segunda, para quienes entran en el juego verbal performativo (la palabra tiene eficacia para crear la realidad), es que la tregua, si la hubiere, no va a servir como trampa de la ETA para un gobierno que ya conoce este negocio, sino como trampa del Gobierno para la opinión pública. Sería el escenario más propicio para las próximas elecciones generales: arreglado el contencioso del Estado con Cataluña (no entramos en el precio) y a punto de caramelo el del Estado con el País Vasco (sin entrar tampoco en el precio).