"Se nos está pidiendo que prevariquemos"

"Se nos está pidiendo que prevariquemos". De esta forma tan clara y contundente calificaba el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, el pasado 8 de mayo, las apelaciones que se realizan a la Justicia para que realice "sus aportaciones" al mal llamado "proceso de paz". No concretó Dívar a quienes se refería pero, al margen de nuestra consideración sobre ese tipo de llamamientos al Poder Judicial, conviene recordar que si alguien se ha hecho célebre por ellos, ha sido, precisamente, el Fiscal General del Estado, Candido Conde Pumpido.

Nada mas tener conocimiento del anestesiante y, al tiempo, chantajista "alto el fuego" ordenado por ETA, el Fiscal General ya corrió a pedir a los representantes del poder judicial para que tuvieran en cuenta "las nuevas circunstancias". Eso, por no recordar sus "aportaciones" previas, como fue burlar la ley de partidos, respecto al PCTV y a la propia Batasuna, o respaldar las tesis de los abogados defensores de sanguinarios terroristas como Henri Parot, o decapitar al fiscal Fungairiño, por ser este más sensible al Estado de Derecho que a los intentos del gobierno del 14-M por obtener de ETA un anestésico electoral. Como sea.

Hoy Conde-Pumpido, durante la presentación del nuevo fiscal general de la Audiencia Nacional, ha vuelto a referirse a la necesidad de que los fiscales sean conscientes de esa "encrucijada histórica" que supone el mal llamado "proceso de paz". Vamos que, en lugar de ser fieles a lo que les dicta el Derecho, los fiscales tienen que ser "hilos conductores" de un parlamento que respalda, no el imperio de la Ley, sino la negociación con los terroristas.

No nos extrañe, pues, que con esta "muestra" de respeto a la división de poderes que debe presidir cualquier Estado de Derecho, la fiscalía haya respaldado la bochornosa decisión de suspender la condena a Arnaldo Otegi por sus injurias contra el Rey. Los elogios de Zapatero al proetarra han encontrado en la fiscalía, ciertamente, a su "hilo conductor".

Que sepamos, ni los ciudadanos ni sus representantes en el parlamento han modificado la ley. Sin embargo, al principal representante político de los terroristas se le acaba de conceder otro nuevo trato de privilegio con el visto bueno de la fiscalía. No es el primero, ni será el último. Ya dijimos que "la ofensiva del 'proceso de paz' contra el Estado de Derecho no acaba más que empezar". Y, ciertamente, el Estado de Derecho no ha hecho más que empezar a ponerse en tregua.