ETA demuestra quién manda

La banda terrorista ETA, por medio de su rama dizque política Batasuna, ha convocado una manifestación, otra más, para el próximo domingo, 13, en San Sebastián. De acuerdo con la ley, Batasuna es parte de una organización terrorista y por tanto está fuera de la legalidad. Tanto la rama política del grupo criminal socialnacionalista como el Gobierno tienen el mismo objetivo político: saltarse la ley para reintegrar a ETA y su brazo político en la legalidad. Aunque para ello tenga que subvertir el orden jurídico. Aunque para ello tenga que dormir a las instituciones democráticas.

El acuerdo político entre la banda y el Gobierno de Rodríguez Zapatero está firmado en unos términos que desconocemos. Pero es bien claro que al menos uno de los puntos en los que cede Zapatero en nuestro nombre, pero en el solo interés de su estrategia política, es precisamente en la legalización de Batasuna. La organización criminal comienza por actuar como si de hecho fuera legal, lo que es lógico por tres razones. Primera, que nunca han reconocido más ley que la de la pistola y la bomba, algo que jamás va a cambiar, por más que el Gobierno finja convencerse de otra cosa. Segunda, porque haciéndolo ponen en jaque a las instituciones democráticas y hacen una demostración de fuerza frente a ellas y frente a su compañero de mesa en las negociaciones: el Gobierno. Y tercera, porque piensan (y no están solos en el planteamiento) que el salto a la legalización del grupo terrorista será más fácil si las actividades que a partir de entonces puedan hacer con amparo de la ley llevan tiempo haciéndolas de facto.

El Gobierno, ante esta nueva provocación de ETA a las instituciones, ha reaccionado respetando sus compromisos políticos. Pero no con el pueblo español y la Constitución, texto que los miembros del Ejecutivo juraron o prometieron guardar, sino con la banda. En lugar de exigir al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que ordene a los fiscales que tomen las medidas necesarias para que no se viole la ley, ha preferido hacer de nuevo un uso partidista de esta institución, con el deseo expreso de que nada impida que la ley se viole una vez más, antes de cambiarla para legalizar a Batasuna.

Todo este asunto, además de despertar indignación entre quienes siguen teniendo entre sus valores el Imperio del Derecho y la lucha leal contra el terrorismo, produce una incómoda sensación de derrota. Y es que ETA demuestra una y otra vez quién tiene aquí la iniciativa política, quien decide qué se hace y cómo, mientras que el Gobierno intenta templar gaitas, manipular el Estado de Derecho y denigrar a quienes querrían recurrir a él para que se mantenga la legalidad. El Gobierno, que debiera ser el primer defensor de la ley, está dispuesto a pasar por alto esta y otras violaciones de la misma con tal de que no se rompa el acuerdo con la banda asesina. ¿Qué es lo que temen Rodríguez Zapatero y su camarilla en La Moncloa para que no sean capaces de dar siquiera una sola muestra de firmeza ante los desplantes de ETA al Derecho? Mientras buscamos una respuesta, el ciudadano no puede evitar sentirse desamparado.