Ante las amenazas vertidas por Maximiliano Correal, policía y dirigente del sindicato de Santano, el SUP, la primera reacción no puede ser sino la de solidarizarnos inmediatamente con nuestro compañero Luis del Pino y aconsejarle que proceda a querellarse contra quien la ha proferido. Es algo que haríamos ante un caso igual referido a cualquier otro ciudadano, pero que evidentemente en el caso del periodista de Libertad Digital resulta una obligación hacerlo público.
Pero, evidentemente, nuestra reflexión no puede limitarse a eso. La amenaza no ha sido proferida por un ciudadano cualquiera, al que se pueda despreciar o ignorar. Viene de un miembro de la Policía, una persona armada al que el Estado confía el uso del monopolio de la violencia con el objeto de que haga guardar las leyes. Los deseos de Correal cobran especial importancia cuando amenaza a uno de los ciudadanos que le pagan la pistola que le permitiría ejecutar esos deseos con singular fortuna.
El SUP, por tanto, debería cesar inmediatamente a su portavoz y expulsarlo de su seno, si no quiere que la ciudadanía asuma que está de acuerdo con que sus miembros se crean investidos con el derecho a "hacer la justicia por su cuenta". No obstante, de la inteligencia y honradez de los dirigentes del sindicato de Santano esperamos poco.
Pero del Gobierno sí que esperamos que expediente y expulse del Cuerpo a esta mancha que lo deshonra, si no quiere que presumamos que considera que contra los periodistas que investigan el 11-M toda represalia es poca, incluyendo las amenazas físicas de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otra reacción distinta constituiría un paso intolerable hacia el totalitarismo, en el que el monopolio de la violencia no se emplea para salvaguardar la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos sino para asegurarse su sumisión al poder omnímodo del Estado. Claro que, quizá, es eso justo lo que deberíamos esperar de Zapatero y Rubalcaba.
