El programa de justicia del Partido Popular es una de las sorpresas más agradables de la precampaña. A un acertado diagnóstico de la situación actual, el líder de la oposición suma una serie de propuestas que, sin ser las ideales, redundan en un Poder Judicial más eficaz y menos politizado.
En primer lugar, Rajoy denuncia la ruptura del innecesario y mal concebido Pacto de Estado que el entonces ministro de Justicia del PP, José María Michavilla, firmó con el PSOE. No faltaron quienes ya entonces advirtieron al presidente Aznar de que ese tipo de acuerdos eran un incumplimiento de sus promesas electorales, y que además se tornarían papel mojado en caso de que los socialistas alcanzasen el poder. Por desgracia así fue. Esperamos que los populares hayan aprendido de sus errores.
Además de denunciar el comportamiento desleal del PSOE, el PP lamenta la politización de la justicia y el ataque a su independencia que han supuesto reformas como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que constituye una violación flagrante de la letra de la Constitución. Asimismo, la ruptura de la unidad del Poder Judicial y la introducción de la discrecionalidad y la arbitrariedad en el proyecto denominado "Justicia de proximidad", que autoriza a alcaldes y al propio ministro a nombrar jueces a su antojo, es un retroceso que viola los principios de independencia y sometimiento "únicamente al imperio de la ley" consagrados en nuestra Carta Magna.
La alternativa de Rajoy, que posee la ventaja de no requerir ninguna reforma constitucional, devuelve la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial a lo establecido por la Constitución. Esto significa que 12 de sus 20 miembros serían elegidos por jueces y magistrados. Además, el PP se compromete a defender las prerrogativas del Tribunal Supremo ante los tribunales de justicia creados por estatutos de autonomía, a fin de garantizar la igualdad de derechos de los españoles. Una iniciativa que no gustará a los nacionalistas, empeñados en conservar y acrecentar sus privilegios.
Otras novedades son el alargamiento del periodo de estancia de un magistrado en el Tribunal Constitucional, que se extiende hasta su jubilación, y el endurecimiento de los requisitos para el acceso a esta institución. Por otra parte, la introducción del amparo ordinario y el recurso previo para estatutos de autonomía son medidas que redundan en una mejora de la libertad y los derechos individuales ante el asalto ejecutivo o legislativo. Asimismo, el reforzamiento del papel de las víctimas y el compromiso del PP con los juicios rápidos, el aumento del gasto en justicia y el acortamiento de los tiempos de respuesta suponen una mejora en la calidad de nuestro sistema judicial, una de las funciones esenciales del Estado, abandonadas en aras de otras superfluas y perjudiciales (subvenciones a la "cultura", intervencionismo en la política de contratación de los empresarios, etc.).
Por último, las promesas de despolitización del Fiscal General del Estado y de potenciación del Consejo Fiscal son especialmente positivas, dada la bochornosa actuación de algunos fiscales generales, convertidos de hecho en comisarios políticos del Gobierno. Además, la defensa de la unidad jerárquica de la Fiscalía, tal y como exige la Constitución, es un nuevo varapalo al afán disgregador de los nacionalistas.
Sólo cabe esperar que Mariano Rajoy sepa explicar a los votantes la necesidad de sus reformas, beneficiosas para todos, y que los principios de igualdad, profesionalidad y eficacia que contienen sean defendidos de forma coherente por su partido. Casi huelga decir que nada se sabe por ahora de las propuestas del PSOE, demasiado pendiente de los nacionalistas para atreverse a presentar algún cambio que trascienda el interés de unos pocos. Rajoy sigue controlando la agenda, también en justicia.
