Izquierda y SGAE
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos españoles cuando una organización privilegiada por el poder político afirma tras una condena que repetirá todas las veces que sean necesarias el incumplimiento de la ley por el que ha sido multada?
Cuando se habla de la "baja calidad de nuestra democracia" es difícil quitarse de la cabeza el caso de la SGAE, una entidad a la que los partidos políticos han concedido una patente de corso, pese al rechazo casi unánime que semejante privilegio provoca entre sus votantes. Una organización cuya impopularidad crece con cada chulería de Teddy Bautista y Pedro Farré (y son muchas) y con cada noticia de que ha espiado a unos inocentes ciudadanos para cobrar a un salón de bodas o que un evento solidario que ha usado música ha tenido que pasar por su caja.
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos españoles cuando una organización privilegiada por el poder político afirma tras una condena que repetirá todas las veces que sean necesarias el incumplimiento de la ley por el que ha sido multada? No se trata de un grupo antisistema, que quiera la destrucción del orden establecido, sino de una entidad que disfruta de un estatus legal privilegiado que le permite obligarnos a los demás a pagarle un diezmo. Un dinero que luego reparten entre sus socios o se quedan para abrir sedes y contratar detectives con los que espiar a sus críticos.
El problema es que esa "baja calidad" de la democracia es en buena parte culpa nuestra. No exigimos a los políticos que escuchen a sus votantes; les damos y volvemos a dar un papel en blanco para que hagan lo que les plazca al margen de lo decepcionados que estemos con ellos. Es cierto que nuestro diseño institucional de distritos plurinominales y listas cerradas, y de poderes judicial y ejecutivo que emanan del legislativo, provoca que nuestros representantes hagan más caso al líder del partido que a sus votantes, porque es a él a quien deben directamente el puesto.
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