Una vez más, miles de catalanes han salido a la calle para exigir al Gobierno de la Generalidad que cumpla las leyes y las resoluciones judiciales y permita que los hijos de los todos los catalanes puedan educarse en su lengua materna. La expulsión del castellano, idioma principal de la mayoría de los residentes en Cataluña, de las aulas de aquella Comunidad Autónoma, no sólo es una violación flagrante de la Constitución, sino además un factor que entorpece el aprendizaje y dificulta el desarrollo intelectual y emocional de los niños. No es casual que en los últimos años el fracaso escolar y la incidencia de trastornos como la dislexia y la hiperactividad se hayan disparado en Cataluña más que en ninguna otra región española.
Sin embargo, es triste constatar que a pesar de los efectos nocivos de la mal llamada normalización lingüística aplicada a la escuela, la respuesta de los partidos políticos catalanes que se definen como no nacionalistas haya oscilado entre la complicidad del PSC, responsable directo del endurecimiento de la discriminación contra el castellano en los últimos años, y la ambigüedad del Partido Popular. La soledad de Ciudadanos, formación política convocante de las manifestaciones celebradas el sábado en Barcelona y Madrid, demuestra la peligrosa deriva de la presidenta del PP-C, Alicia Sánchez Camacho, y de sus padrinos políticos hacia ese lugar en ninguna parte que su partido ha decidido ocupar en Cataluña.
Ante la renuncia de los populares a amparar la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la libertad de los padres de elegir el tipo de formación de sus hijos en un sistema escolar sufragado con el dinero de todos, el partido liderado por Albert Rivera es en la actualidad la única oposición al separatismo y a la variedad de nacional-socialismo impuestos en Cataluña, primero por CiU y después por el tripartito presidido por Montilla, fiel continuador de la labor iniciada durante la presidencia de Jordi Pujol.
La defensa de la libertad es una tarea difícil que a menudo requiere dejar a un lado los intereses particulares y las lealtades emocionales a fin de garantizar el derecho de los demás a elegir y a responsabilizarse de sus decisiones, nos gusten o no. Es por ello que, más allá de las etiquetas ideológicas, el liberalismo es ante todo una praxis. Exigir el fin de la exclusión y la discriminación que sufren las familias catalanas cuya lengua habitual es el castellano es lo mínimo que cualquier político que se llame liberal debería hacer. Por desgracia, abundan en aquella región quienes están dispuestos a hacer una excepción con la denominada cuestión nacional, algo que los lleva a apoyar políticas autoritarias e intrusivas que quebrantan derechos individuales básicos como la libre expresión y difusión de ideas y limitan las oportunidades de todos.
Como ha señalado Juan Carlos Girauta, encargado de leer el manifiesto de la concentración de Barcelona, el desprecio de Montilla por las sentencias que le obligan a permitir que los padres señalen la lengua vehicular de la educación de sus hijos revela su resistencia a aceptar la existencia de una Cataluña real mucho más rica y diversa que esa nación inventada por el delirio de unos pocos.