¿Sabrán en Moody’s que la investidura del presidente de la Generalidad, Artur Mas, fue favorecida por el PSC bajo el compromiso público y expreso de CiU de hacer caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a considerar también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña? ¿Sabrán en Moody's que el Gobierno catalán ha respaldado e impulsado ilegales referéndums de autodeterminación en Cataluña? ¿Sabrán en Moody's que el propio presidente de la Generalidad ha votado sí a la independencia en uno de esos referéndums ilegales?
Aunque una agencia de calificación de riesgo no tenga por qué estar al tanto de estas cuestiones –o tal vez, sí–, no me he podido dejar de planteármelas al leer que Moody's denuncia que la Generalidad catalana "desafía" al Estado con sus Presupuestos de 2011, que prevén un déficit que duplica al fijado por el Gobierno central y las comunidades autónomas. No digo yo que saltarse a la torera este tope, ya de por sí poco exigente, en unos momentos en que el déficit y el endeudamiento autonómico son denunciados en todos los ámbitos como una de las principales rémoras para nuestra recuperación económica, no tenga su importancia; pero ojalá fuera ese el único "desafío" de la Generalitat. De hecho, el Gobierno de Cataluña, y de cada vez más comunidades autónomas, no ha consistido en otra cosa que en desafiar –más bien, hacer caso omiso– a la legalidad constitucional supuestamente vigente.
Claro que lo de la palabra "desafío" tampoco es que sea apropiada, pues implica resistencia u oposición en el desafiado. Y de eso, nada de nada. Menos aun ahora, con un Zapatero dispuesto a pagar lo que sea, precisamente, a CiU y al PNV con tal de posponer unos meses su acta de defunción.
No muchas más esperanzas me despierta Rajoy, por mucho que aplauda su compromiso con la austeridad, en general, y con un techo de gasto autonómico en línea con el de los Presupuestos Generales del Estado. Y es que si Rajoy ha sido incapaz hasta ahora de embridar el gasto de muchas autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP (como es el caso de la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de Madrid), ¿nos creemos que el futuro presidente del Gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, se va atrever a obligar al Ejecutivo catalán a que cumpla con ese futuro techo de gasto así como con el resto de la actualmente burlada legalidad vigente?
No olvidemos que buena parte de la crisis que padecemos y de nuestras escasas posibilidades de recuperación económica se deben a que España se está disolviendo como Estado de Derecho. Esa es una de las principales primas de riesgo que tenemos que pagar y de las que cuelgan muchas de las demás.
Recuperar España como Estado de Derecho, en el que las leyes y normativas se cumplan y se hagan cumplir –muy especialmente a las comunidades autónomas– es realmente el auténtico "desafío" para superar una crisis que, en nuestro caso, es mucho más que económica.