Entre los principales principios liberales se encuentra el de la igualdad ante la ley. Sólo podemos ser libres si la ley no viola nuestros derechos, sino que los protege, y se aplica con equidad a todos, sin mirar el carnet ni la cuenta corriente de nadie. Este principio ha sido erosionado durante los últimos años por dos vías: la ideológica, que prima alcanzar la igualdad mediante la ley –tratando a cada uno de forma distinta dependiendo, por ejemplo, si se es hombre o mujer–, y la política, que ha convertido buena parte de la judicatura en un espejo de lo que sucede en el parlamento, apartándola de su deber.
La imputación de Iñaki Urdangarín parece confirmarnos que, pese a esos defectos, seguimos siendo un Estado de Derecho. Ante la abrumadora avalancha de indicios en contra del yerno del Rey, la única respuesta procesal posible era precisamente la de imputarlo, a no ser que fuerzas ajenas al Derecho lo impidieran. No ha sido ningún "clamor popular" lo que ha colocado a Urdangarín frente al juez, sino las numerosas pruebas que apuntan a su responsabilidad penal y que son, a su vez, las que han llevado a la opinión pública a exigir una justicia que, como pedía el Rey en su discurso esta Nochebuena, sea "igual para todos".
Sorprende la contradicción en la que ha incurrido el abogado de Urdangarín al culpabilizar, por un lado, a ese "clamor popular" de la acusación contra su defendido, y por otro, alegrarse de que así se pueda defender. Si realmente fuera el tribunal de la opinión pública el que hubiera imputado al marido de la infanta Cristina, Urdangarín podía haberse defendido perfectamente; cualquier medio hubiera estado encantado de publicar lo que tuviera que decir. El que no lo haya hecho permite sospechar que realmente tiene poco que aportar en su defensa.
En cualquier caso, es especialmente hipócrita esa costumbre de políticos y personajes públicos, en la que también ha incurrido recientemente Blanco, de recibir con fingida alegría una imputación bajo el razonamiento de que así se podrán defender. Primero porque la imputación es una figura legal que implica que un juez tiene sospechas más que fundadas de que el acusado ha cometido un delito. Y, segundo, porque para defenderse fuera del plano judicial no hace ninguna falta estar imputado. El exministro de Fomento llegó incluso a emplear su tribuna como portavoz del Gobierno para negar las acusaciones que se le hacían, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tiene lugar habitualmente los viernes en el Palacio de Moncloa. Si a eso no se le considera una defensa, es difícil ver qué puede tomarse como tal.
La Justicia es una de las instituciones cuya imagen ha quedado más dañada tras los casi ocho años de zapaterismo que acaban de terminar. El proceso contra Urdangarín podría ser una buena manera de empezar a recuperar algo de prestigio, pero difícilmente es la única. Durante los primeros meses de 2012 no sólo declarará el yerno del Rey, también se conocerá la sentencia del juicio contra Camps, se comenzará a instruir el caso Blanco en el Supremo, se juzgará a Jaume Matas y se deberán seguir instruyendo casos como el del ERE. Sin duda será un aterrizaje complicado para el nuevo Fiscal General del Estado. Pero del resultado de estos procesos dependerá en buena medida la percepción que tengan los españoles de su Estado de Derecho. Y pocas cosas son más necesarias, tanto para el buen funcionamiento de la economía como para el respeto a las libertades individuales, como un sistema de justicia en el que se pueda confiar.