Los sindicatos dicen la verdad cuando afirman que no tienen por qué responsabilizarse de los servicios mínimos durante la jornada de huelga. En efecto, es la Administración la que ha de garantizar que se cumplen
Aunque no sea esa la intención, UGT y CCOO dicen la verdad cuando afirman que no tienen por qué responsabilizarse de los servicios mínimos durante la jornada de huelga de este próximo jueves. En efecto, es la Administración, en sus distintos niveles, la que ha de garantizar que los servicios públicos funcionen adecuadamente, también ese día, para no perjudicar los derechos de los ciudadanos que pagamos esos servicios mínimos y el salario mensual de los liberados que los boicotean.
Los dos sindicatos denuncian la falta de acuerdo en la negociación de los servicios mínimos en ocho comunidades autónomas, circunstancia irrelevante porque son los órganos públicos responsables de su gestión los que tienen potestad para decretarlos, más allá de que las fuerzas sindicales estampen su firma o no en un acuerdo que carece de virtualidad administrativa. El único documento oficial con fuerza de ley a este respecto es el decreto que cada comunidad autónoma envía a su respectivo boletín oficial, y ahí no aparecen jamás las firmas de los representantes sindicales, hayan llegado previamente o no a un acuerdo con la autoridad competente.
De hecho los servicios gestionados por el Estado durante una huelga no tienen por qué limitarse a esa ratio establecida en el decreto correspondiente –el adjetivo “mínimo” ofrece una pista que hasta un liberado debería ser capaz de seguir-, porque la decisión de que los empleados públicos acudan a cumplir con su obligación corresponde a cada uno de ellos de forma individual, a pesar de que las bandas de la porra organizadas por dos corporaciones privadas como UGT y CCOO se lo pongan difícil y, en ocasiones, imposible salvo que se quiera correr el riesgo de sufrir una seria agresión.
Necesitados de maquillar las cada vez más exiguas cifras de seguimiento a sus chantajes, los sindicatos tienen como principal objetivo durante las jornadas de huelga el boicot a los servicios públicos que permiten el funcionamiento normal de una sociedad moderna. Sólo con la paralización del transporte público, esencial en cualquier mediana ciudad, la imagen que se ofrece en los telediarios es la de un país colapsado por la huelga, por más que el seguimiento real de sus algaradas resulte ridículo descontando las coacciones que el gobierno les permite a despecho de sus víctimas.
El que los sindicatos acepten o no los servicios mínimos decretados por la administración tiene la misma relevancia que el descontento ciudadano frente a una subida de impuestos, ninguna, así que si nosotros pagamos por nuestros incumplimientos, ha llegado ya la hora de que paguen ellos también. Preferiblemente antes de irse a tomar cervezas.
