Sólo los descerebrados defensores del buenismo y los lacayos del régimen de Castro que comparten su perniciosa ideología, pueden considerar las declaraciones del español retenido en Cuba como el aval definitivo de que la muerte de Oswaldo Payá y su colaborador fueron un infortunio más de los muchos que suceden en las carreteras de todo el mundo.
Sin embargo, para zanjar el asunto es necesario que Ángel Carromero confirme todo lo que dijo ante las cámaras de los Castro una vez puesto en libertad y en tierra española, circunstancia que puede demorarse aún a tenor de los cargos que el régimen comunista le ha imputado. Ángel Carromero se enfrenta además al agravante de haber cometido "acciones subversivas contra el orden constitucional" porque, en efecto, defender la libertad en Cuba o la libre asociación política son delitos penados en el ordenamiento jurídico de la tiranía.
La escena de Carromero dirigiéndose a una cámara para confirmar la versión que el castrismo ha dado de la muerte de su principal opositor, evoca las malas películas de gángsters en las que un fiscal sin escrúpulos convence al detenido para que se declare culpable de un delito menor bajo promesa de libertad. Una vez recogida la confesión, los compromisos se desvanecen y el acusado se enfrenta a la maquinaria judicial con la evidencia de su autoinculpación.
No sabemos todavía si esa mala réplica de los procesos viciados que el cine negro nos ha mostrado tantas veces responde a la veracidad de lo sucedido, pero mientras nuestro compatriota siga bajo coacción en poder de los Castro no cabe otorgar garantía de veracidad a sus palabras en sintonía con lo que defienden los familiares de Payá, que de coacciones, amenazas y violencias saben por desgracia mucho más que cualquiera de nosotros.
El gobierno de España estará actuando con el sigilo que resulta obligado en asuntos tan espinosos, pero parece llegado ya el momento de que se produzca una acción de firmeza en defensa de los derechos de un ciudadano español, tanto si es inocente de los cargos que se le imputan como si es responsable, como máximo, de una mera imprudencia al volante en consonancia con sus declaraciones. En este segundo caso con más razón aún.