Lo más destacado de la dimisión de Esperanza Aguirre, que tanto impacto ha causado en la política española, es que se produce tal vez en el peor momento posible. No para la Comunidad de Madrid, que a estas alturas goza de una posición de privilegio para encarar la salida de la crisis, sino para España en su conjunto. La salida voluntaria de Aguirre de la primera línea de la política activa supone la eliminación de la única voz autorizada del PP dispuesta siempre a reclamar la esencia del ideario liberal y el compromiso con la permanencia de la nación española, que el partido de Rajoy ya ha desechado por la vía de los hechos.
Algún día nos enteraremos de cuál fue la principal razón para que Aguirre dimitiera, porque, como afirma el dicho popular, lo que hoy no te cuentan pagando mañana se sabe gratis; pero es difícil sustraerse a la sensación de que los motivos reales hay que buscarlos en el trato que ha recibido de su partido. Aguirre se significó siempre por su oposición pública –con recogida de firmas incluida– a la subida de impuestos, su apoyo a la reforma del Estado autonómico por la vía de la centralización de competencias y su defensa a ultranza de las víctimas del terrorismo y el Estado de Derecho frente al brazo político de la ETA. La respuesta de su partido ha sido subir el IVA, mantener el chiringuitaje autonómico –otorgando más fondos a sus mandarines– y soltar a Bolinaga. Ella, que nunca se cansó de dar la batalla a sus adversarios políticos, probablemente haya decidido que resulta demasiado agotador luchar también contra su propio partido, teniendo que utilizar, además, los mismos argumentos. En ese caso, Rajoy habría conseguido lo que parecía imposible, que Esperanza Aguirre se acabara resignando.
En cuanto a su gestión pública, la hasta ayer presidenta madrileña ha sido un dechado de austeridad que, por desgracia, no ha querido ser imitado. Por poner sólo un ejemplo: mientras que Cataluña o Andalucía cuentan con más de doscientas emisoras públicas de radio (digo legales; postes pirata tienen muchos más, a tenor de las denuncias de las corporaciones profesionales), la Comunidad de Madrid tiene sólo dos y una televisión, que quiere privatizar. No es de extrañar que, a pesar de medidas lesivas como la subida de las tasas por servicios públicos, Madrid sea la comunidad que sale más barata a sus ciudadanos, la que menos se ha endeudado en la última década y la que cuenta con los indicadores más solventes en el terreno económico y laboral para comenzar a salir de la crisis.
Aguirre se va, además, sin haber perdido unas elecciones. Cierto, sí, como Zapatero; pero la diferencia entre la comunidad madrileña que deja Aguirre y la España que legó a su sucesor el supervisor de nubes es tan abismal que hasta Tomás Gómez, elegante en la despedida a su adversaria, la ha entendido perfectamente. A ver quién supera eso.