Nuestros políticos tratan a la Constitución como esos maltratadores que dicen amar y querer a sus mujeres y luego les propinan unas palizas de muerte. Los nacionalistas se ciscan sin tapujos en ella. Y los demás, tanto los de derechas como los de izquierdas, cantan sus bondades, pero cuando gobiernan no sólo hacen la vista gorda a los incumplimientos de aquéllos, sino que también la incumplen si les conviene. Véase cómo el Ejecutivo y el Legislativo someten inconstitucionalmente el Judicial a su autoridad desde 1985. El caso es que, según el CIS, a más de la mitad de los españoles no les gusta la Constitución. Pero habría que preguntarles si lo que no les gusta es lo que dice o cómo se aplica. Son ya muchos los que se están dando cuenta de lo que realmente ocurre. De hecho, un tercio de los encuestados cree que la Constitución se respeta poco.
Lo ocurrido con Wert es un claro ejemplo de todo esto. Al ministro le hubiera bastado hacer que en Cataluña se cumplan las sentencias de los tribunales españoles. Pero como no se siente capaz de lograrlo propone la enésima reforma educativa. La solución es absurda porque, en última instancia, tal reforma sólo estará en la práctica vigente en Cataluña si la Generalidad está dispuesta a cumplir las sentencias que sancionen sus incumplimientos. Si, como es previsible, el Gobierno catalán hace con esas futuras sentencias lo mismo que con las anteriores, la reforma será estéril. Da igual. La reforma, que no pasa de ser el reconocimiento de una incapacidad, ha nacido muerta porque hasta los socialistas consideran que obligar a la Administración a que proporcione educación en español a quienes la pidan constituye un intolerable ataque a Cataluña y a su lengua.
Puede parecer que la cosa no pasa de ser un incumplimiento más de los muchos que ya llevamos. Nada de eso. Poder educar a nuestros hijos en su lengua materna es un derecho fundamental. Para que lo sea no hace falta que ninguna Constitución lo diga, pero da la casualidad de que, con respecto al castellano, el artículo 7 de la actual establece que todos los españoles tienen el derecho a usarlo. Salvo en la enseñanza, dirían un nacionalista catalán y un socialista. Pero se da el caso de que no hay tal salvedad.
Tanta insatisfacción se ha traducido en una generalizada voluntad de reforma, aunque muy pocos dicen en qué dirección. Y cuando la expresan se adivina que hay poco consenso para emprenderla por el camino propuesto, sea el que sea. Sin embargo, ¿tiene sentido que hablemos de cambiar una Constitución por vieja cuando todavía no ha llegado a estar vigente? ¿Es razonable creer que la nueva, por el hecho de serlo, vaya a ser respetada por los políticos más que ésta? ¿Cabe esperar que, convenientemente reformada, la Constitución llegue a regir en Cataluña lo que nunca rigió la que ya tenemos? No es Constitución lo que falta, sino disposición a acatarla y voluntad de imponerla.