El juez que instruye el caso Nóos ha llamado a declarar a la hija del Rey como imputada y eso es, sin duda, una noticia de primera: histórica. Cosa distinta es que haya que hacer una fiesta. Pero tenemos ya declaraciones de las que se desprende un aire de celebración. Aseguran que la imputación de la infanta demuestra que España es un Estado de Derecho. O que es una prueba muy necesaria de que todos somos iguales ante la ley. Quizá conviene, entonces, imputar cada tanto a un miembro de la Familia Real para despejar sospechas. Ay, esos complejos de parvenu que todavía rondan. Ni España era hasta ayer una república bananera donde regía el mamoneo entre jueces y poderosos, ni la imputación de Cristina significa que todo funciona como es debido. Esa perfección, por lo demás, no se da en ninguna parte.
No creo yo que la calidad de la democracia y la justicia españolas se demuestre o tenga que demostrarse con la imputación de una infanta. La igualdad ante la ley significa que a todos los ciudadanos se les aplican las mismas reglas: si hay indicios de delito, uno será imputado; y si no, no. Pero la idea de que el juez Castro imputa a la mujer y socia de Urdangarín por disponer de indicios de los que antes carecía será desechada, lo sé, por ingenua. Qué va, mujer, qué va, qué poco mundo tienes. Claro que más disparatada es la alternativa que me ofrece el enteradillo: el juez Castro andaba amedrentado y ahora le ha echado cojones. ¿Y a qué se debe la súbita testosterona? Ah, se habrá tomado un copazo de Soberano. Estamos ante el cojones thinking, y no hay que pedirle peras al olmo. Pero el cojonudismo, que decía Unamuno, volverá. Si después de imputarla no se la condena, ya lo adelanto, será una bajada de pantalones.
Hay otro lugar común que circula desde que las fazañas de Urdangarín vienen abriendo telediarios, y es que el affaire desprestigia exclusivamente a la Monarquía. Como si fuera una institución ubicada en un compartimento estanco y los únicos perjudicados por el descrédito fueran el Rey y su familia, que se pueden quedar sin empleo. Esto sí que es ingenuidad. Pues suponen que España transitaría entonces pacífica y ordenadamente hacia otra forma de Estado, una bonita república. Y eso, señores, es mucho suponer. Los problemas de la Monarquía son problemas de España, no de los Borbones. De ahí que no sean ni deban ser sólo asunto del Rey.