El pasado lunes el consejero catalán de Justicia, Germá Gordó, hizo unas declaraciones en las que señalaba las "dificultades" de tipo jurídico que conllevaría celebrar la consulta secesionista sin autorización del Estado. Apostaba por no ponerse "nerviosos y acelerados" y recordaba que, si bien la Generalidad tendría la "obligación" de "trabajar para organizar la consulta", el acuerdo con ERC permitiría "la modificación del calendario".
En vista de cómo no pocos políticos y medios de comunicación se han apresurado a interpretar estas palabras poco menos que como un "viraje" o una "renuncia", el portavoz del Gobierno catalán y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, se ha sentido en la necesidad de salir este martes a la palestra para reafirmar que la Generalidad mantiene el compromiso de su presidente de celebrar "sí o sí" la ilegal consulta secesionista.
La Generalidad ha aprobado este mismo martes el programa para definir una Hacienda propia, destinada a recaudar todos los impuestos que se paguen en Cataluña, así como la futura ley de Exteriores, dos proyectos que se enmarcan en el proceso de creación de las conocidas "estructuras de Estado", que, según ha manifestado Homs, tienen que tener "a punto ante el nuevo escenario político en Cataluña".
No harían falta pruebas para saber que los nacionalistas catalanes están en lo que están, si no fuera por la candidez con la que algunos desde Madrid se quieren creer que han cambiado, para así no dejar en entredicho la irresponsable condescendencia del Gobierno central. El arranque de sinceridad que tuvo el lunes el consejero de Justicia sobre la imposibilidad, desde el punto de vista jurídico, de celebrar la consulta de autodeterminación sin autorización del Estado no deja de ser muy similar al que otrora tuvo Pasqual Maragall cuando reconoció que el estatuto soberanista que entonces impulsaba era "inviable" sin una "reforma previa de la Constitución". Pero eso no significa, como entonces no significó, que no se vaya a incumplir la ley si el que tiene la obligación de hacerla cumplir no está dispuesto cumplir con su deber.
Para colmo, el Gobierno de Rajoy parece decidido a que el costosísimo proceso de transición nacional no arrastre a la Administración autonómica catalana a la suspensión de pagos, a la que sus despilfarradores delirios identitarios ya le habrían llevado si no fuera porque Madrid corre siempre a financiarla.
Ha sido el Gobierno del PP el que, con tal de evitar la intervención y el enfrentamiento con la Generalidad, ha convertido en papel mojado su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Nos ha de extrañar, pues, que la Generalidad acumule la mitad de todo el déficit autonómico en lo que llevamos de año? Eso, por no hablar del hecho de que la Generalidad sigue siendo destinataria privilegiada del Fondos de Liquidez Autonómica, como ya lo fue en 2012.
Así las cosas, por delictivo y caro que sea ese proceso de transición nacional, ¿por qué Mas iba a renunciar a él, si el Gobierno de Rajoy, por mucho que lo desautorice, parece decidido a seguir procurándole tanto impunidad como financiación?