España necesita más empresas

El Anteproyecto de Ley de Emprendedores que ha presentado el Gobierno este viernes incluye un amplio paquete de medidas con el fin de impulsar la actividad empresarial. Por un lado, el Ejecutivo eliminará trabas administrativas y aplicará numerosas ventajas fiscales para incentivar la creación de nuevas empresas, mientras que, por otro, ofrece alternativas de financiación y mecanismos extra para agilizar la liquidación de deudas pendientes en caso de problemas financieros.

En materia fiscal destaca, sobre todo, la aplicación del criterio de caja para pagar el IVA. Casi 2,3 millones de autónomos y pymes podrán beneficiarse de este régimen, por el cual tan sólo abonarán el impuesto en el momento de cobrar la factura y no antes, a diferencia de lo que sucede ahora. La simple introducción de esta medida podría incrementar la liquidez de las pequeñas empresas en cerca de 1.500 millones de euros. Además, el proyecto también incluye una tarifa plana de 50 euros al mes en la cuota de la Seguridad Social para los nuevos autónomos menores de 30 años, así como ciertas rebajas de impuestos, aunque con carácter temporal, para las sociedades de nueva creación.

Para fomentar el crecimiento empresarial, el Ejecutivo apuesta por reducir las pesadas cargas administrativas que soportan los empresarios. En este sentido, destaca la ampliación de las medidas de liberalización del comercio aprobadas el pasado diciembre. Así, se exonerará a nuevos establecimientos de la necesidad de contar con la farragosa licencia municipal. Además, se pondrá en marcha un nuevo registro telemático, en colaboración con las distintas Administraciones, para agilizar la constitución de una empresa, lo cual ahorrará trámites innecesarios a los emprendedores. Por último, el Gobierno fomentará la segunda oportunidad mediante un mecanismo extrajudicial para liquidar deudas empresariales sin necesidad de entrar en el complejo concurso de acreedores, cuya eficacia es nula a la hora de agilizar procedimientos y reflotar compañías.  

Así pues, la Ley de Emprendedores incluye medidas favorables para el desarrollo de la actividad empresarial y, por tanto, para el crecimiento económico. Todas las medidas desinadas a facilitar la vida a los empresarios han de ser aplaudidas, ya que la riqueza y la creación de empleo dependen, en última instancia, de ellos. De ahí, precisamente, que se eche en falta una mayor ambición en la agenda del Gobierno. Si admite que más libertad económica y menos presión fiscal son ingredientes básicos para estimular la actividad empresarial, cabe preguntarse por qué no extiende esta misma receta a todas y cada una de las empresas que operan en España, con independencia de su tamaño y antigüedad. De hecho, un marco de bajos impuestos y amplio margen de actuación no sólo ayudaría a los empresarios nacionales sino que, con toda seguridad, acabaría atrayendo capitales extranjeros, con todas las ventajas que ello supondría en términos de crecimiento, competitividad y empleo a medio y largo plazo.