Entre las muchas y vergonzosas declaraciones con las que los máximos representantes de UGT y CCOO arremetieron la semana pasada contra la juez Alaya y se solidarizaron con los sindicalistas detenidos por el caso de los ERE, conviene recordar aquella con la Fernández Toxo mostró su convicción de que los detenidos "no actuaron en beneficio propio".
La verdad es que el secretario general de CCOO debería ser, ciertamente, el primero en saber que los sindicalistas detenidos no actuaron en "beneficio propio", habida cuenta de que lo que decía Alaya en el escrito de instrucción es que Roberto Carmona y Salvador Mera malversaron presuntamente caudales públicos no para llenar sus bolsillos particulares, sino para "financiar irregularmente" a los dos grandes sindicatos.
Lo coherente, en cualquier caso, tanto con este escrito de Alaya como con las propias declaraciones que los dos sindicalistas prestaron como imputados el pasado jueves, es que la juez haya decretado este martes la responsabilidad subsidiaria de UGT y CC OO en la fianza civil de 251.041 euros y 471.352 euros que ha impuesto a Mera y a Carmona.
Y es que las declaraciones de ambos no vinieron sino a confirmar que la reclamación de dinero que hicieron al dueño de Uniter durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva la hicieron en su condición de secretario general de UGT en Cádiz y secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, respectivamente. Ambos hicieron su solicitud, según Alaya, "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva". La realidad, según la juez, es que "ninguno de esos conceptos respondía a gastos necesarios soportados realmente", y el dueño de Uniter "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".
Si a la vista de lo que se conoce del caso la responsabilidad civil subsidiaria de los dos sindicatos es palmaria, no menos justificada es la cuantía de las finanzas, ya que se ajusta a las cantidades realmente percibidas incrementadas en el tercio que prevé la ley.
Si tan solidarios se muestran con los sindicalistas detenidos, a los máximos representantes de UGT y CC OO no les debería doler prendas en asumir la responsabilidad civil subsidiaria. Podrán seguir despotricando cuanto quieran contra la juez Alaya, o incluso amagar con plantearle una denuncia. Pero lo cierto es que con esa bochornosa solidaridad hacia Mera y Carmona no harán más que poner de manifiesto que los sindicalistas detenidos no actuaron, ciertamente, "en beneficio propio".