Hecha la ley, hecha la trampa. El proceso separatista catalán se pretende tan democrático que ya tiene una norma a la altura de las circunstancias, una ley de consultas no referendarias elaborada en un tiempo récord para convocar a su rebufo lo que no es una consulta, sino un referéndum cuyo hipotético resultado sería vinculante, según los planteamientos de los partidos del bloque independentista. En otras circunstancias, el penoso espectáculo de llamar a las urnas sin disponer de censo electoral incitaría a risa e invalidaría cualquier resultado posible. Sin embargo, la ausencia de una respuesta sólida, coherente y concreta del PP y del PSOE incrementa peligrosamente las posibilidades de que tal disparate se lleve a cabo más pronto que tarde, si bien no necesariamente el próximo 9 de noviembre.
Es dudoso que una Administración en quiebra técnica como la Generalidad de Cataluña disponga de los elementos necesarios para poner las urnas, aunque sean de cartón, en tan breve espacio de tiempo. Un referéndum exige una logística, una capacidad y unos medios de los que carece. Pero nada detiene a Mas, que maneja el factor callejero como una de las variables posibles de su consulta. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha dado muy sobradas muestras de que la calle es suya, condicionante que, lejos de preocupar a uno de los teóricos representantes de la autoridad en Cataluña, es exhibida como el arma definitiva en el contencioso. No hay nada menos democrático y más totalitario que los despliegues de la ANC, pero la retórica oficial sostiene que esa organización, amparada, alentada y financiada por la misma Generalidad con el dinero de todos los españoles, es la más depurada expresión de la democracia catalana.
Frente a esta situación, el PSOE ofrece una respuesta que entra de lleno en el capítulo de los delirios políticos. El PSC, representante ordinario del socialismo español en Cataluña, dice estar en contra del referéndum pero vota a favor de la ley de consultas autonómica, una chapuza que revela, por otra parte, el ínfimo nivel jurídico de sus autores, promotores y partidarios. La posición del Gobierno es más incomprensible si cabe. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado recientemente que no le cabe en la cabeza la posibilidad de que Mas incumpla las leyes que le permiten ser presidente de la Generalidad. Según Moncloa, frente al desafío secesionista se actúa con prudencia, pero eso se llama en realidad desistimiento. No se hace nada, dicen en Moncloa, porque aún no se ha vulnerado la ley. Como si planificar y anunciar un golpe de Estado no fuera de suyo un delito sino un inofensivo juego de rol, un calentón de Junqueras y un divertimento intelectual del jefe de la partida de Pujol, el defraudador.