Amenaza golpista

Por mucho que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy "ni contemple ni quiera contemplar" en Cataluña "un escenario distinto al cumplimiento" de nuestro ordenamiento jurídico", lo cierto es que los nacionalistas continúan a día de hoy haciendo caso omiso a la ley y a los pronunciamientos de nuestros más altos tribunales, incluida la reciente providencia del Tribunal Constitucional en la que se ordenaba la suspensión de la "ley de consultas" y la convocatoria de la consulta secesionista del 9-N.

Una buena y muy reciente prueba de ello es que, a pesar de que dicha suspensión incluya "todas las actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como de cualquier actuación vinculada a la referida consulta", los nacionalistas, en clamorosa desobediencia, han aprobado en el parlamento regional la comisión de control del referéndum, en una votación en la que se han ausentado los representantes del PP, PSC y Ciutadans.

Aunque al margen de los preparativos de la consulta, las ilegales estructuras de Estado creadas por la Generalidad, como es el Consejo Asesor para la Transición Nacional, también siguen llevando a cabo sus actividades con absoluta normalidad, ignoramos si, llegado el día 9 de noviembre, los separatistas seguirán haciendo caso omiso a la suspensión del referéndum o preferirán explorar las vergonzosas ofertas de "reforma constitucional" y de "singular financiación" como las que les siguen llegando desde el PP y su Gobierno. De hecho, como ha apuntado este miércoles nuestro lamentable ministro de Exteriores, Garcia Margallo, "el sistema de financiación de Cataluña –en referencia a su administración regional- se puede cambiar sin cambiar la Constitución".

A día de hoy, sin embargo, hay que constatar que el desafío secesionista se mantiene en su integridad, y que los falsos ropajes de legalidad, con la que sus promotores lo quieren encubrir, no lo hacen sino más abyecto. Prueba de ello es la escasamente velada amenaza de "violencia" a la que la Generalidad ha hecho referencia en sus alegaciones contra la suspensión dictaminada por el Constitucional. Así, el gobierno catalán asegura que la no celebración de la consulta sería nada menos que "privar a los ciudadanos de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas", y que eso alimenta el "extremismo político e incluso la violencia".

Aquí, sin embargo, quien está alimentando hasta el último día el extremismo político y la violencia son los promotores de un referéndum radicalmente contrario a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico que libremente nos hemos dado todos los españoles.

Habrá que esperar también al día 9 de noviembre para ver hasta donde llegan las amenazas de violencia de quienes de forma tan abierta arremeten contra nuestro sistema democrático. Lo que ya parece tristemente evidente es que no será la falta de impunidad o la falta de financiación o el temor a una reforma de la Constitución en sentido opuesto a sus pretensiones, lo que lleve a los nacionalistas a abandonar su ilegal y carísimo desafio a nuestra nación y a nuestro Estado de Derecho.