Si el proyecto secesionista que lidera el despilfarrador Gobierno de CiU está animado por la falaz proclama "España nos roba", la vergonzosa propuesta de resolución que acaba de presentar el PP catalán al Parlamento autonómico, con el vano intento de contentar a los separatistas, bien podría ser defendida con un "Para que España nos robe menos". Y es que el patético documento del partido que dirige Alicia Sánchez Camacho, que dice estar motivado por hechos tan graves y ciertos como los elevados niveles de paro y endeudamiento público de esa región, no propone como solución otra cosa que políticas de gasto público y, sobre todo, un "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña".
Así, este "modelo propio y con capacidad normativa" que propone el PP, y que se pretende compatible con el régimen común de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, se basaría en un nuevo incremento de los impuestos cedidos y en una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales. El documento habla en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refiere a las fórmulas de colaboración entre la "Agencia Tributaria de Cataluña" y la llamada "Agencia Estatal de la Administración Tributaria".
Al margen de hablar de "solidaridad" y de "mecanismos de nivelación" para referirse a los efectos redistributivos de la política fiscal, el documento no analiza su impacto entre los individuos, sino entre las comunidades. Como si fueran los territorios y no los ciudadanos que viven en ellos los que se vieran perjudicados en su "capacidad de crecer y competir" por un exceso redistribucionista; como si no hubiera catalanes beneficiados –como los hay también perjudicados– por un sistema que no es proporcional sino progresivo en función de la renta.
No faltarán quienes, con razón, vean esta propuesta muy similar al mal llamado pacto fiscal que Artur Mas exigió hace unos meses en términos chantajistas a Rajoy, so pena de celebrar una consulta separatista. Hay, sin embargo, una clara diferencia, y es que ese pacto fiscal que exigía Mas nunca fue defendido hipócritamente como "un proyecto leal con España", como dice arteramente este texto del PP que trata de la financiación de la Generalidad, como si de la financiación de Cataluña se tratara, y que atribuye el endeudamiento de la misma no a su despilfarro, sino a la falta de una mayor soberanía fiscal.
Si el PP de Sánchez Camacho (léase Rajoy) quisiera de verdad ser leal, no ya sólo "con España y los catalanes" sino con sus principios y sus votantes, se atrevería a denunciar lo que la Generalidad roba a los catalanes con sus carísimos delirios identitarios y sus proyectos de construcción nacional. Y propondría recortes de impuestos y de gastos públicos absolutamente innecesarios, en lugar de hacer propio el falaz argumento de que la Generalidad carece de suficiente financiación.
Está por ver, sin embargo, que este singular y apenas maquillado pacto fiscal que ahora ofrece el PP sea cesión suficiente como para que CiU meta su consulta secesionista en el congelador.