La propuesta que el líder del PP andaluz ha hecho a la presidenta de la Junta pone de manifiesto hasta qué punto los dos grandes partidos se resisten a abandonar los viejos esquemas que les han permitido hasta ahora repartirse el poder a espaldas de los electores. Moreno Bonilla ha planteado a Susana Díaz un intercambio de cromos en virtud del cual el PP permitiría la investidura de la socialista a cambio de que el PSOE le faculte a hacer lo propio en los ayuntamientos en los que la victoria de los populares no sea por mayoría absoluta, que es lo que aventuran todas las encuestas en las principales ciudades andaluzas.
Ajeno a los problemas reales de los ciudadanos andaluces y a las aspiraciones de sus propios votantes, el líder del PP andaluz, siguiendo las directrices de la dirección nacional, se limita a garantizarse el poder en los ayuntamientos importantes a cambio de entregar el Gobierno autonómico al PSOE, el partido que ha colocado a la región en las más vergonzosas cotas de desempleo y con unos niveles de corrupción nunca vistos en cualquier otra parte de Europa.
Precisamente este último asunto, la corrupción política, fue uno de los argumentos centrales en la pasada campaña electoral. La circunstancia de que dos expresidentes andaluces (y del PSOE) estén imputados en uno de los más graves escándalos de corrupción de la historia democrática ha servido a los partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos para fijar el límite ético a partir del cual poder explorar cualquier posibilidad de acuerdo. Como no se han cansado de repetir los líderes de ambas, Díaz no podrá contar con ellos para la investidura a menos que los dos ilustres imputados socialistas sean expulsados de la vida pública. En el PP, sin embargo, este argumento elemental, que tiene que ver con la dignidad de las instituciones democráticas y el respeto a todos los ciudadanos, carece de importancia frente a su deseo de mantener unas cuotas de poder local con las que mantener su amplia nómina de altos cargos y el denso entramado de intereses que suele rodear a la Administración municipal.
El ejemplo de que al Partido Popular no le interesa un compromiso sincero para dignificar la vida pública lo tenemos en la reacción –más bien la falta de ella– ante las grabaciones en las que una dirigente socialista, Irene Sabalete, explicaba de manera muy gráfica la manera en que el PSOE utiliza la Administración Pública para ganar las elecciones.
La burda estrategia popular, decepcionante para los que todavía mantienen su confianza en estas siglas, puede que le reporte algún beneficio a corto plazo en el ámbito andaluz, pero sus consecuencias de cara a las citas electorales que van a tener lugar este año pueden ser definitivas. En cambio, el partido de Albert Rivera, cuyos resultados en las andaluzas han confirmado unas expectativas crecientes, ofrece a sus potenciales electores un programa creíble y un compromiso para erradicar con hechos la corrupción que los populares han decidido supeditar al mantenimiento de unas cuotas de poder local que ya veremos si no acaba perdiendo.
Ni en el Partido Popular ni en el Socialista parecen darse cuenta de que ya no valen sus respuestas tradicionales a las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos. Las componendas que Moreno Bonilla y Susana Díaz están explorando en Andalucía son el anticipo de lo que seguramente intentarán a escala nacional. Al margen de lo que resulte en uno y otro caso, el mero intento va a ser suficientemente ilustrativo para los votantes de ambos partidos y tendrá, sin duda, importantes consecuencias a lo largo de este año.