Cristóbal Montoro debió haber dimitido en el mismo momento en que se le escapó –"hemos desconcertado a la izquierda"– que su brutal subida de impuestos, que supuso una indigna traición al electorado del PP, tenía unas intenciones y un formato claramente oportunistas. Pudo también haberlo hecho cuando, después de afirmar con rotundidad que no lo haría, subió el IVA. O tras esas lamentables intervenciones parlamentarias en las que amenazó a una serie de voces críticas con el rigor de los inspectores de Hacienda, algo verdaderamente insólito. O cuando prometió controlar el déficit de las comunidades autónomas para luego premiar a aquellas –singularmente a Cataluña– que con el dinero de todos se han saltado a la torera las restricciones y los límites de gasto.
Ahora, Montoro tiene una nueva oportunidad de dejar de ser el peor ministro de Hacienda que ha padecido España en los últimos decenios.
Que un informe de una empresa privada aparezca en una reunión al más alto nivel con membrete oficial, o que un informe de un ministerio se entregue sin más a una empresa privada, o se haga a medida de ésta, es, sea cual sea la razón última de lo que ha publicado Libertad Digital, absolutamente impresentable.
Las sospechas sobre las actividades de Montoro y su entorno, y sobre cómo determinados intereses han podido influir en la toma de decisiones fundamentales, son ahora más fuertes que nunca; mejor dicho, han pasado a convertirse prácticamente en certezas. No se trata sólo de que este comportamiento pueda o no resultar delictivo; la cuestión primera es que no puede caber la menor duda sobre decisiones de gran calado económico y de las que depende que unas empresas u otras ganen o dejen de ganar cientos de millones de euros. Y por supuesto que las hay. No puede ser de otra forma.
Montoro, sencillamente, no puede seguir en su puesto. Montoro debe hacer lo que debió haber hecho la primera vez que traicionó a su electorado: irse. Y si no, ya está tardando Rajoy en echarlo.