El régimen de Ben Alí, que colapsó a comienzos de 2011, tenía graves problemas de corrupción, como quedó ampliamente demostrado con posterioridad. La corrupción política y económica, mal endémico en los países árabes y africanos, alcanzó en Túnez altísimas cotas por los desmanes de la familia del dictador y de su círculo más estrecho de amistades. El Banco Mundial comprobó en 2014 hasta qué extremos llegaba el control de la economía por parte de la camarilla de Ben Alí, y lo plasmó en un informe memorablemente titulado "All in the family", "todo en familia", centrado en el periodo 2004-2010.
Cuatro años después de la Revolución de los Jazmines, que dio paso a la denominada Primavera Árabe, Túnez sigue teniendo un gravísimo problema con la corrupción.
Ben Alí y sus familiares se apropiaron del Estado tunecino, que manejaron con discrecionalidad en beneficio propio. Los economistas del Banco Mundial calculan que las empresas vinculadas al entorno del dictador tunecino, dedicadas presentes en sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones, el de la construcción y el del transporte, dejaron de pagar entre 1.000 y 2.600 millones de euros en concepto de impuestos durante los siete años que van entre 2002 y 2009.
Fundamentalmente, la evasión fiscal de los Ben Alí tenía que ver con el falseamiento de los precios de importación, para tener aún más ventaja frente a las contadas empresas de la competencia. Si a esto le unimos la discrecionalidad con la que el Gobierno tunecino negaba licencias a operadores nacionales y extranjeros para evitar competidores incómodos, el resultado es la corrupción institucionalizada y la asfixia constante de la economía, dos de los motivos que motivaron los levantamientos populares de comienzos de 2011.
Tras el derrocamiento del dictador, cientos de empresas de su familia fueron confiscadas, y ahora cotizan en el mercado. Su valor, según los responsables del proceso, superaba en el momento de la expropiación los 13.000 millones de dólares. En un nuevo informe del Banco Mundial, expertos de este organismo han estudiado unas 200 compañías de las más de 600 incautadas, cuyos registros de importaciones pueden ser contrastados con datos internacionales. Pues bien, de él se desprende que han seguido evadiendo impuestos en mayor medida que las otras corporaciones privadas. Las diferencias más acusadas se dan en las importaciones de productos de alto valor añadido, cuyos precios se siguen falseando para evitar el pago de los impuestos correspondientes.
Los técnicos del Banco Mundial concluyen que la evasión fiscal está detrás de buena parte de las pérdidas que el Fisco tunecino sufre cada año como consecuencia de la vasta corrupción que todavía asuela el país.
La Revolución de los Jazmines consiguió poner fin a la dictadura de Ben Alí. En cambio, la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal sigue siendo un asunto pendiente, cuya solución va a necesitar mucho tiempo y grandes dosis de voluntad política.
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