Según vamos conociendo nuevos datos sobre el pelotazo inmobiliario de Ramón Espinar, más queda de manifiesto la asombrosa desvergüenza política del diputado y senador podemita y de todos los dirigentes de la organización que lo apoyan. Y es que, por más que se esfuerza el núcleo duro de Podemos, ya ha quedado claro que su candidato a dirigir la organización en Madrid accedió de manera dudosa a una vivienda protegida, que más tarde vendería, sin llegar a ocuparla, obteniendo una plusvalía de 30.000 euros en la operación.
El protagonista del escándalo y sus conmilitones intentan confundir a la opinión pública con unas explicaciones ridículas, tratando de hacer pasar un claro episodio de especulación con bienes protegidos por un caso de puro azar en el que el dirigente podemita, a pesar de su condición angelical, no tuvo más remedio que enriquecerse como un vulgar trapisondista inmobiliario.
Pero el caso Espinar no es el primero de este tipo que afecta a la organización populista por antonomasia, cuyos promotores irrumpieron en la política imponiendo unas exigencias éticas a los demás partidos que, como estamos viendo una y otra vez, ninguno de ellos observa en su comportamiento privado. Tanto el candidato Espinar como la diputada Tania Sánchez, rivales en las primarias madrileñas del movimiento izquierdista, se beneficiaron de la compraventa de inmuebles construidos con ayudas públicas, destinadas precisamente a evitar esos casos de especulación. Ni siquiera el líder máximo de la organización ultraizquierdista se libra de este tipo de actuaciones, dado que todavía reside en una vivienda protegida, propiedad de su madre, a pesar de que su boyante situación económica convierte en un insulto esa ocupación de una propiedad destinada a servir de hogar permanente para familias con recursos limitados.
Nadie en la dirección de Podemos acredita la limpieza de comportamientos que exigen con afán inquisidor a los demás políticos, tachados de miembros de casta por todos ellos. El que no especula con viviendas protegidas defrauda a Hacienda, paga a sus empleados en dinero negro o es condenado por asalto violento a una capilla católica. Ninguno de ellos puede dar la menor lección de ética a nadie. La única habilidad de esta banda de radicales y populistas, ahora encaramados al sueldo oficial, es haber cometido una monumental estafa política, aprovechándose de la desesperación de las personas más vulnerables al socaire de una crisis económica sin precedentes.