Los nuevos negros de Cataluña no tienen derechos culturales, y para más inri la consejera del ramo del Gobierno de la Generalidad exige que los escasos que tienen se les retiren. Y lo exige al Ministerio de Educación del Gobierno de España con todo descaro, convencida de que nadie le afeará la indecencia. Al contrario, un ejército de mercenarios mediáticos del régimen la apoyará. En ningún caso, nadie levantará la voz.
A esto se le solía llamar en un Estado de Derecho ínfulas supremacistas; en Cataluña, "derechos nacionales". Es lo que tiene ser dueños del discurso mediático y tener la cara más dura que el cemento armado.
Aunque parezca mentira, la consejera de Educación de la Generalidad de Cataluña, Meritxell Ruiz, acaba de pedir al ministro de Educación del Gobierno de España, Íñigo Méndez, que se retire la ayuda económica a los padres que han pedido enseñanza bilingüe, ante la negativa del Gobierno de la Generalidad a garantizarles la enseñanza en español. El descaro es colosal: llevamos 35 años sin que la mitad de los niños catalanes puedan estudiar en su lengua materna tal como la otra media puede estudiar en la suya, y encima, cuando el Gobierno del Estado se aviene a subvencionar un miserable 25% de las clases en castellano en colegios privados, viene la consejera a exigir al ministro que retire la ayuda económica a las familias que han tenido la valentía de exigir tal derecho. O sea, peor aún que Artur Mas cuando dijo eso de: "Que monten un colegio en castellano para el que lo pague, igual que montaron uno en japonés". Pues ni eso quieren permitir ya.
No sé si se dan cuenta de la magnitud de la tropelía: durante años, en nombre de la "normalización" de la lengua catalana, han impedido estudiar en la lengua común de todos los españoles; durante años, en nombre de la "cohesión social", se ha impedido que los niños hispanohablantes pudieran estudiar en su lengua materna, no fuera que la sociedad se liara a palos; en nombre de la "construcción nacional", se ha considerado imprescindible eliminar la presencia del español en la escuela, en los medios de comunicación públicos, en el callejero, en los eventos deportivos y culturales, en ayuntamientos, iglesias, universidades, vías de comunicación, y en todo establecimiento privado subvencionable. En una palabra, en nombre de "la lengua propia", convierten en impropia la de los demás. Y con ella sus derechos lingüísticos, culturales y nacionales.
Su tramposa "cohesión social" solo sirve para tenernos callados, su cohesión social no conduce a la paz sino a la sumisión, su cohesión social es un marco mental diseñado para destruir la autoestima de tu propia lengua, las cadenas reales que convierten a la población hispanohablante en negros sin derechos civiles, tal como en lúcida contestación a Joan Tardà (ERC) denunció Félix Ovejero cuando aquel tuvo la desfachatez de comparar a los catalanes con los negros excluidos de Alabama. Hoy, le vino a decir Félix Ovejero, el equivalente de esos negros de Alabama de los años cincuenta son las familias que quieren escolarizar en castellano a sus hijos en Cataluña.
¡Al carajo con el cuento de la cohesión social! Cuanto antes acabemos con ese abuso semántico, más pronto se librarán los españoles en Cataluña de los dueños del algodón.
El Ministerio ha reconocido hasta ahora a 50 alumnos el derecho a cobrar los 6.000 euros estipulados en la disposición adicional 38 de la Lomce, con lo que la factura para la Generalidad asciende, por el momento, a 300.000 euros. El Gobierno aún no los ha reclamado. Ni se cumplen las disposiciones del Gobierno ni las sentencias de los tribunales que garantizan el derecho a estudiar en español también.
Y a todo esto, ¿dónde está C’s? ¿No tiene nada que decirle a la consejera? ¿Y el PPC? ¿Vuelve a confundirse con el paisaje a costa de los derechos civiles de los ciudadanos hispanohablantes de Cataluña?