Pestilencia. La política y la muerte

Deconstruyendo la oración, como si de un plato vanguardista se tratara, podría salir una frase de este estilo: así en la muerte como en la vida. Así deberían ser las despedidas de personajes públicos. Coherentes, educadas, respetuosas y veraces. Quizás empezando por el final cuadraría más el relato.

No puede ser que a un sanguinario dictador se le dediquen flores diplomáticas, razonados y respetuosos análisis históricos, sesudas biografías y un deseo irrefrenable de asistir a su sepelio, y a una alcaldesa sin tacha probada, que transformó una ciudad señera para España como Valencia, se la despida como corrupta y algunos partidos resuelvan el asunto con un no me provoques que hablo. Como tampoco puede ser que todo el mundo se blanquee en el contrario y no se haga autocrítica. Todos, menos la que ya no puede hacerla. Y, especialmente, los medios de comunicación. Las televisiones, en concreto. Encargadas de destrozar la imagen de una persona hasta su degradación máxima. De señalar y perseguir, en una campaña sin parangón, en duración y virulencia, contra una persona ni siquiera imputada, hasta hace bien poco.

Pero para llegar a este punto de desenlace debe haber participación máxima de los propios, los queridos, los de uno, los suyos si habláramos en su nombre. Ninguna organización que se respete a sí misma puede pasar por alto lo ocurrido. Y lo ocurrido es que no existe una barrera clara y meridiana, conocida, explicada, razonada y defendida por todos, dentro y fuera de la organización, hacia dentro y hacia fuera, que establezca cuándo expulsar o apartar a un cargo público. En un momento procesal idéntico, José Blanco y Rita Barberá sufrieron dos maneras diferentes de actuar de sus partidos.

Y es aquí donde el PP podría y debería homologarse al PSOE y determinar el juicio oral como momento procesal oportuno para apartar a un cargo. De manera autónoma, sin presiones de terceros. El Congreso que celebra en febrero sería un momento perfecto para realizarlo. Reivindicar la autonomía del PP frente a otros. Asumir las consecuencias. Y comenzar a hacerse respetar. Si uno no se respeta a sí mismo, difícilmente logrará el respeto de los demás. Ni en esto, ni en nada.

Porque lo ocurrido sí debe tener consecuencias. Por su bien, por el oxígeno que se respira en la esfera pública y por el bien de todos los españoles. Porque como dejemos la Justicia en manos de las nuevas turbas, nada bueno ocurrirá. Si se han acortado ya los plazos de instrucción, es lógico pensar que no volveremos a ver un escenario de juicios paralelos –pese a las filtraciones– durante años de instrucción judicial. Por lo tanto, parecería lógico pensar en que la apertura de juicio oral no es un plazo eterno y sí el que recoge mayores garantías con la presunción de la inocencia de la persona.

No obstante, comencemos por el principio. Respeto y verdad. Un dictador, una dictadura, es malo porque no respeta ni los derechos humanos ni la libertad de las personas, ni la más mínima –asesinatos y encarcelamientos masivos incluidos–, haya educación pagada con fondos públicos o no.

Y una alcaldesa durante 24 años, elegida democráticamente, no es mala –perdonen la comparación– mientras no se demuestre lo contrario. Porque en una democracia se respetan los derechos humanos, incluido el de la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.