Una corrupción silente

Soy consciente de que el mundo hoy se desenvuelve, casi exclusivamente, en parámetros de carácter material, despreciando, incluso ignorando, los referentes espirituales o, simplemente, las magnitudes de carácter inmaterial. Es más, aún las materiales sólo son objeto de consideración cuando se instrumentan en términos monetarios.

Teniendo en cuenta lo dicho, cuesta mucho aceptar que lo importante para la convivencia cívica, que no suele coincidir con lo material, se vea marginado a la consideración de los que más responsabilidad tienen en la gestión de la cosa pública.

Cualquier observador, aun los mejor intencionados, que observara a distancia lo que ocurre en esta nuestra tierra llegaría a una conclusión terminante: en este país, nadie está ocupado en lo que se supone que debe hacer. Al que gobierna no le preocupa la gobernación de la nación; a quien legisla, mucho menos le compromete la promulgación de leyes justas y eficaces; y a quien juzga... dejémoslo aquí.

Al ciudadano que laboriosamente ejerce una profesión o empleo con eficacia suficiente como para justificar su remuneración y paga sus impuestos, el espectáculo le lleva a una cuestión muy primaria: ¿es realmente esto lo que esperamos de aquellos a los que pagamos el sueldo?

Buena parte de la acción pública está envuelta en esas batallas presuntas contra la corrupción. Quienes están manchados por la corrupción se presentan como ángeles puros, jamás mezclados con la gestión irregular.

El aplomo es especialmente espectacular cuando el corrupto pertenece a la siniestra –que es la parte opuesta a la diestra–. Los siniestros arguyen con jeroglíficos lingüísticos que lo suyo no es corrupción sino prevaricación, como si la prevaricación fuera menos punible y más inofensiva que la corrupción.

Nadie habla, sin embargo, de cuántos gestores públicos viven en lo que yo llamaría la más peligrosa de las corrupciones: la de que las leyes no se cumplan. Leyes como las que reconocen el derecho de propiedad privada, que resultan estériles ante las acometidas de asaltantes a los que, con cierta benevolencia, se les denomina "okupas" –no me pregunten el porqué de la k; será porque sean también antiortografía–, ante los que las autoridades muestran comprensión, complacencia y solidaridad, eso sí, con los recursos ajenos.

Con esta omisión, se están alterando o trastocando las obligaciones que dimanan de las leyes vigentes. Quien debe hacer cumplir la ley no puede ser tolerante con su incumplimiento; ni por ser siniestro –de izquierdas– ni por haber pernoctado en la Puerta del Sol el 15-M; privilegios que no acabo de entender.

Sin atenuar la responsabilidad de la corrupción envuelta en dinero, a mí me preocupa más la que quema las leyes. La primera está centrada en unos pocos; la segunda abarca a toda la sociedad.