Junto con el Barça, la industria de la desinformación es el único gran sector productivo peninsular que aún sigue manteniendo todas sus sedes centrales en Cataluña tras la bullanga de octubre. Repárese, si no, en la ultimísima gran trola ecuménica que están poniendo en circulación desde hace unos días los estercoleros mediáticos habituales, con TV3, como no podía ser de otro modo a la cabeza.
Me refiero, el lector ya lo habrá adivinado, a esa falacia ya mil veces repetida y twiteada según la cual nada menos que las Naciones Unidas, en concreto su Comité de Derechos Humanos, se habría hecho eco de las demandas de los golpistas catalanes, enmendando la tiempo la plana al Estado español. Un pretendido alineamiento de ese Comité con la causa de Puigdemont y sus propios que, aseguran los heraldos del golpe, estaría llamado a concluir en su día con una sentencia condenatoria contra España. Nada más y nada menos que una sentencia. Y condenatoria encima. Como si algo cuyo nombre es ese, "comité", le cupiese operar de facto y de iure, como un tribunal de justicia.
Los pulpos, es sabido, pueden, según y cómo, alcanzar la consideración de animal de compañía. Los comités, en cambio, nunca dejen de ser comités, lo diga Puigdemont o sus porqueros. Mas vayamos por partes. Cuando alguien desea interponer una demanda contra un tercero, ya sea en el ámbito nacional o en el internacional, se dirige a un tribunal, el que sea. Cuando lo que pretende, en cambio, es airear su causa en la prensa, dispone de la posibilidad de remitir un escrito de denuncia a alguno de los muchos comités que las instituciones internacionales han creado a esos efectos.
La diferencia no es menor: los tribunales emiten sentencias; los comités, por el contrario, generan dictámenes, esto es, puras y simples opiniones carentes de ningún efecto jurídico (Y si no emiten sentencias, mucho menos cabe imaginar que pudiesen dictar medidas cautelares, el otro disparate que se está haciendo correr desde ciertas covachuelas oficiosas de Barcelona). Opiniones, por lo demás, que solo se verterán si con anterioridad el escrito en cuestión fue admitido a trámite, premisa formal sin cuyo cumplimiento ninguna de esas instancias internacionales, en el caso que nos ocupa el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tomará siquiera en consideración la queja que se le plantee.
Bien, pues pese a lo tan difundido y celebrado no solo por TV3, Catalunya Ràdio y el sinfín de digitales de internet dedicados al agit prop permanente y a la manipulación más militante y burda, sino por periódicos en apariencia serios y respetables como La Vanguardia, resulta que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no ha admitido a trámite ninguna denuncia contra el Reino de España. De momento, de lo único que existe constancia oficial es de que el departamento administrativo de esa instancia encargado de certificar el acuse de recibo de cualquier escrito que se les remita ha hecho constar en un trozo de papel sellado tal circunstancia. Punto.
La ONU no ha admitido a trámite nada. Simplemente, les ha llegado una carta desde Barcelona y el empleado encargado de clasificar los sobres ha acusado recibo tal circunstancia en el registro oficial correspondiente. Y nada más. Una simple rutina burocrática que nada tiene que ver, tal como mienten los publicistas del golpe, con su eventual admisión a trámite, algo que se decidirá en fecha aún no determinada. Si volviera a nacer, Willi Münzenberg tendría que pedirle un puesto de becario a Pepe Antich.