La llamada ley del desahucio exprés, una de las reformas más importantes de esta legislatura, entró finalmente en vigor este lunes. Se trata de una modificación sustancial de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de expulsión de los asaltantes que ocupan ilegalmente inmuebles privados, actividad delictiva que hasta ahora se ejercía con un anormal e impune normalidad.
Gracias a esta reforma, el dueño de un inmueble ocupado ilegalmente recuperará de inmediato la posesión del mismo, para lo cual solo tendrá que presentar una demanda en los juzgados acreditando que se trata de su propiedad. A partir de ese momento, los okupas dispondrán de cinco días para alegar en contrario, demostrando fehacientemente que están legitimados para permanecer en la vivienda o local con la aportación de títulos tales como un contrato de arrendamiento. De lo contrario, quedará la vía expedita para que el juzgado ordene el desalojo.
Dicho procedimiento contrasta notablemente con la situación anterior, donde un proceso de estas características se podía alargar hasta unos insufribles 18 meses. Esa desprotección de los propietarios explicaba en buena medida la tremenda inseguridad jurídica del mercado de alquiler y su escaso impacto en el sector inmobiliario. La reforma provocará, sin duda, un cambio radical en el mercado de los arrendamientos, de cuyo futuro crecimiento se beneficiarán tanto propietarios como arrendatarios.
Hay que recordar que esta reforma legal tan necesaria fue impulsada por PP y Ciudadanos y contó con la oposición frontal de PSOE, Podemos y el resto de la izquierda, tan dada a apoyar al delincuente y a atacar la propiedad privada... de quienes no residan en una mansión en las afueras de Madrid y no comanden un partido neocomunista.
Pedro Sánchez se ha visto obligado a firmar como presidente esta ley, probablemente la única iniciativa legal positiva que suscribirá el muy sectario dirigente socialista en lo que queda de legislatura.