Una de las causas de la hegemonía que detenta el separatismo en Cataluña es la desaparición progresiva de las instituciones y los símbolos del Estado en el Principado. El entreguismo de PP y PSOE y sus Gobiernos por mero oportunismo y por un acomplejamiento tan injustificado como suicida han contribuido sustancialmente a la retirada del Estado en Cataluña, que ha quedado así en manos de partidos e individuos indeseables y profundamente liberticidas con una furiosa animadversión a España y a la propia Cataluña, que no se termina de someter a sus delirios.
Los nacionalistas han explotado esas debilidades de PP y PSOE y sus respectivos Gobiernos para controlar férreamente la enseñanza, ocupar los medios de comunicación públicos y privados, erradicar la lengua española de la Administración y la educación y hacer cada vez menos visible al Estado. Para esto último es de capital importancia poner en la mira a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y eso es lo que no dejan de hacer los separatistas catalanes.
Pero lo peor, lo más intolerable y escandaloso es que el Gobierno está facilitando a los nacionalistas devenidos separatistas golpistas la consecución de sus objetivos primordiales. Así, desde 2012 se ha reducido en un millar el número de policías nacionales y guardias civiles presentes en Cataluña; precisamente en ese año fue cuando el golpe de Estado catalanista echó a andar, de la mano del infame president Artur Mas.
Dado el panorama, no es de extrañar que el separatismo violento se esté volcando en aterrorizar a la población desafecta y en escrachar a personalidades como el juez Pablo Llarena o a dirigentes de las fuerzas políticas constitucionalistas.
La situación en Cataluña es crítica, y lo peor es que no cabe esperar mejora alguna, pues Pedro Sánchez debe el poder a los responsables de este deplorable estado de cosas. A los golpistas que están devastando Cataluña. Son estos días negros para el Principado y para el resto de España.