La posición de la UE sobre Venezuela se ha calificado de ultimátum a Maduro. No lo es. Lo que ha hecho la Unión es darle a Maduro un plazo de ocho días y ese plazo, en momentos cruciales como estos, transforma al supuesto ultimátum en un regalo. Es un regalo de tiempo al régimen chavista. Cuando cada hora cuenta para inclinar la balanza, ocho días es un tiempo precioso que se le entrega a Maduro para que pueda reforzarse. Igual que lo es para disuadir a aquellos elementos –militares, por ejemplo– que estén tentados a abandonarlo. Y no sólo por lo estrictamente temporal. El aplazamiento europeo refleja dudas e indecisión, de tal manera que aquello que transmite es que está a la espera. Lo quiera o no, esa es la impresión: la UE no le da un plazo a Maduro; se lo da a sí misma para ver si en el ínterin se perfila el caballo ganador. Hasta los dictadores de tercera saben lo que significa.
Las contradicciones de la posición europea, que es la de España, son evidentes. Demasiado. Le piden a un presidente al que consideran despojado de legitimidad democrática que convoque unas elecciones con garantías democráticas. Lo tachan de ilegítimo por renovar su mandato en unas presidenciales que "no fueron justas, libres ni creíbles" pero creen que ahora puede organizar unos comicios impecables. Como si bajo su presidencia, y en las condiciones de falta de libertades y acoso a la oposición que existen desde hace años, se pudieran realizar unas elecciones que cumplan perfectamente todos los estándares. Como si bastara poner las urnas y enviar a unos observadores internacionales para garantizar unas elecciones libres en un país que vive en un régimen dictatorial. ¿Dónde se ha visto tal milagro?
Los partidarios del aplazamiento, o del esperar a ver quién gana, se encomiendan a la prudencia. Prudencia para evitar un derramamiento de sangre. Aparte de la ya derramada, claro está, que esa parece que no la cuentan. Pero cuanto más fuerte se sienta la cúpula chavista, más abierta y frontalmente podrá recurrir a la represión, incluso para organizar un nuevo escarmiento de los que hagan época. La vía para evitar más muertes, detenciones y torturas pasa inevitablemente por debilitar a Maduro y, por lo tanto, por fortalecer la posición de Guaidó. Así podrá agrietarse además la lealtad del Ejército al dictador, de modo que no se atreva a recurrir a la fuerza armada para reprimir el desafío con ese baño de sangre del que nos advierten los prudentes. Lo prudente es hacer ver a Maduro y a sus fieles escuderos que sólo tienen una opción menos mala: dejar el poder. Cuanto antes.
En la resistencia a reconocer a Guaidó como presidente encargado, investido por la Asamblea Nacional –reconocida por la UE como la institución democrática legítima de Venezuela–, hay miopía política sustentada en una Realpolitik cutre. Resulta, dicen, que el poder real no está en manos de Guaidó, sino en las de Maduro, por lo que la autoridad la tiene este último, mientras el primero no tiene nada detrás (salvo a la población que se moviliza a su favor). Benditos fácticos. En Filipinas, en 1986, estos fácticos tampoco habrían reconocido a Cory Aquino, que juró su cargo de presidenta antes de que la dictadura de Marcos se viniera abajo. Lo hizo aupada por una movilización popular en Manila, y después de algunas defecciones de militares, que fueron en aumento. Pero en el instante en que Aquino tomó posesión del cargo Marcos era el presidente oficial y real. Reelegido en unas elecciones trucadas, por cierto. Horas después, eso sí, subía a un helicóptero norteamericano para no volver.
No hay un modelo patentado para acabar con las dictaduras. Pero el que parece tener en mente la posición europea sobre Venezuela es un sinsentido. En un trance decisivo, opta por un aplazamiento que resta fuerza a quienes pueden hacer una transición democrática y, en consecuencia, se la da a Maduro.