El líder del Partido Popular ha comenzado a desgranar algunas de las medidas económicas de mayor calado que se compromete a adoptar si llega a la Moncloa tras las elecciones del próximo 28 de abril. Ciertamente, en el ámbito de la economía, que incomprensiblemente parece relegado en esta precampaña, hay muchísimo que hacer, y más pronto que tarde, si no queremos que la próxima crisis sea tan funesta como la de 2008.
Tal vez las transformaciones más necesarias tengan que ver con la racionalización normativa del caótico Estado autonómico. Como ha recordado Pablo Casado, en España hay tantos regímenes como autonomías, con todo tipo de regulaciones que lastran la competitividad de las empresas, perjudican notablemente la movilidad laboral e imposibilitan directamente la unidad de mercado. Así las cosas, el líder popular se ha comprometido a elaborar una Ley de Armonización para que los creadores de riqueza puedan "operar en todo el territorio nacional, garantizando que una licencia en una autonomía sea válida en otra".
Casado dice estar dispuesto a meter mano en esa fuente inagotable de ineficiencias que es el marco normativo vigente, cuya reforma uniformizadora y liberalizadora mejoraría sustancialmente la competitividad de la economía nacional a medio y largo plazo.
Ahora bien, el caos normativo autonómico tiene otras consecuencias nefastas de tipo social que el Partido Popular debería igualmente tener muy en cuenta. Piénsese, sin ir más lejos, en la sanidad y la educación: no es lógico ni tolerable que haya 17 sistemas sanitarios y que un murciano tenga problemas para ser atendido en la vecina Almería; y no es lógico ni tolerable que un niño español no pueda estudiar en español porque así lo han dictado los liberticidas que manejan a su ominoso antojo el sistema educativo en Cataluña.
Tras cuarenta años de Estado de las Autonomías, es hora de acometer reformas audaces que pongan coto a los peores agravios e ineficiencias. Y no sólo ni principalmente en la economía.