La pereza es mala consejera, pero hoy me abandono voluptuoso entre sus brazos. Por saturación. ¿Para qué explicar de nuevo lo ya explicado mil veces? Por eso me limitaré a hacer una breve lista, sin pretensión alguna de exhaustividad, que ni me aburra a mí ni le aburra a usted, saturado lector.
El Título VIII de la Constitución se redactó bajo la amenaza de los crímenes etarras. Los separatistas vascos y catalanes llevan cuatro décadas de socios de los gobiernos nacionales. Las comunidades autónomas han sido la herramienta de los separatistas para dinamitar el Estado desde dentro y calumniarlo en los foros internacionales. Los medios de comunicación públicos, pagados por todos, han sido utilizados por los separatistas para envenenar a los ciudadanos. La enseñanza en manos de las comunidades autónomas ha servido para inocular el odio a España, de manera incurable, en millones de jóvenes. Las lenguas han sido convertidas en medios de incomunicación e instrumentos de segregación. Ninguno de los responsables de estos desmanes ha sido procesado. El Estado de las Autonomías ha acabado con la igualdad jurídica, fiscal y sanitaria de los españoles. El Estado de las Autonomías ha multiplicado inútilmente por diecisiete la administración y los poderes ejecutivo y legislativo, y por cuatro los funcionarios existentes en 1978. Debido a esto, los beneficiarios de la existencia de las comunidades autónomas no han sido los ciudadanos, sino unos partidos políticos que las han convertido en enormes agencias de colocación para los suyos. El Estado subvenciona a partidos y asociaciones cuyos objetivos son la destrucción del Estado. Y los que pagan todo este sistema parasitario son los ciudadanos, exprimidos por unos impuestos abusivos que no han impedido la quiebra de la Seguridad Social. Todos los gobiernos han negociado secretamente con la banda terrorista ETA. Los dirigentes separatistas y miles de cargos intermedios cobran del Estado sueldos y pensiones astronómicas por su trabajo de destrucción del propio Estado en todas las esferas nacionales e internacionales. El criminal Josu Ternera, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. En el País Vasco se recibe a los terroristas excarcelados con homenajes. Los ayuntamientos vascos recogen firmas pidiendo la expulsión de la Guardia Civil. Bildu, la rama política de ETA, preside la comisión de Derechos Humanos de Guipúzcoa. El presidente Zapatero cesa al fiscal jefe de la Audiencia Nacional por oponerse a la negociación con ETA. La alcaldesa de Barcelona declara no grata la presencia del ejército en ferias y otras exposiciones. A pesar de la enormidad del saqueo por él mismo confesado, Jordi Pujol sigue sin ser procesado. Los parlamentarios juran sus cargos mediante declaraciones expresas de pretender derribar la Constitución y la Monarquía. Alguno de dichos parlamentarios, extranjero recientemente nacionalizado, ocupa cargos de gran responsabilidad y retira la bandera nacional de su despacho. Otros separatistas presiden comisiones de gran importancia institucional. La diputada consorte podemita, que estuvo a punto de llegar a ministra del Reino de España, emplea las redes sociales para distribuir mensajes como "Felipe, no serás rey" y "Todos los Borbones, a los tiburones". El juez golpista Santiago Vidal, redactor del borrador de Constitución de la Cataluña independiente, vuelve a ejercer de juez. Los profesores, mozos de escuadra y otros funcionarios no separatistas sufren acoso y arbitrariedades por parte de las instituciones en manos de los separatistas, y el Estado no hace nada en su defensa. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, explica que la vicepresidente Sáenz de Santamaría le avisó de que tenían los teléfonos pinchados por los Mozos de Escuadra. Y no los disolvieron inmediatamente. El que fuera Secretario de Estado de Seguridad con Rajoy declara que "Rajoy sabía lo que iba a pasar pero no hizo nada" y que "teníamos información de que los Mozos de Escuadra iban a ponerse de perfil el 1 de octubre, pero eso no nos habilitaba para tomar una medida alternativa porque invadiría sus competencias". Pedro Sánchez, jefe de la oposición, no condena el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, pero sí la intervención policial para impedirlo. El gobierno socialista autoriza la compra de material bélico para la policía autonómica catalana, protagonista esencial del golpe. Los ciudadanos españoles, indefensos ante un cuerpo armado enemigo de la nación. Los gobernantes separatistas llenan edificios públicos de propaganda y simbología separatista y desobedecen las normas que les obligan a retirarla. Los colegios profesionales, cámaras de comercio y otros organismos estatutariamente apartidistas se alinean con el separatismo. El gobierno socialista pide disculpas a los separatistas por el discurso en defensa de la unidad nacional del jefe de la Guardia Civil en Cataluña. Los gobiernos regionales y el nacional otorgan a numerosos enemigos del Estado todo tipo de honores y medallas. Interfiriendo en el funcionamiento del poder judicial, el presidente del Senado propone la absolución de los golpistas procesados, al igual que el expresidente Rodríguez Zapatero, para que "no se comprometa el diálogo". Los golpistas declaran continuamente ante las cámaras, en ruedas de prensa e incluso ante el tribunal que les juzga que volverán a dar un golpe de Estado. El Estado premia a los traidores y desprecia y arrincona a los leales.
El de arriba es un resumen, muy breve, de los atropellos y traiciones cometidos durante cuatro décadas por los poderes ejecutivo y legislativo. La última línea de protección de la nación, Corona aparte, era el poder judicial, pero también ha dejado de serlo tras la escandalosa sentencia de un Tribunal Supremo obediente a las consignas del gobernante partido socialista, interesado en continuar sus tratos y alianzas con los separatistas. Una sentencia escandalosa que se ha reído de todos los españoles, empezando por el rey Felipe VI, cuyas decisivas palabras del 3 de octubre de 2017 han quedado gravísimamente desautorizadas. Baste recordar estas tres frases:
- Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución".
- Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
- Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.
Pero no, el Tribunal Supremo ha establecido que el rey, el juez instructor Llarena, la fiscalía, el abogado del Estado Edmundo Bal hasta su destitución por Sánchez y millones de españoles que tienen ojos en la cara sufrieron alucinaciones al creer ver un golpe de Estado donde sólo hubo una algarada callejera. Porque, según establece dicho tribunal en grave insulto a la inteligencia, convocar un referéndum anticonstitucional, llevarlo a efecto violentamente, cercar violentamente la consejería de Hacienda, impedir violentamente a los funcionarios hacer su trabajo y proclamar la independencia, ni implica violencia suficiente, ni atenta contra el orden constitucional, ni es un golpe de Estado.
El disparate de los jueces ha llegado al extremo –digno de diván psicoanalítico– de juzgar los hechos según su personal interpretación de la verdadera intención de los procesados, quienes, a pesar de sus reiteradas declaraciones y evidentísimas actuaciones, en realidad no habrían perseguido la secesión, sino simplemente forzar una negociación con el Estado. Y, siempre según los freudianos magistrados del Tribunal Supremo, la prueba de que los separatistas, en el fondo, no pretendían un cambio de régimen sino tan solo escenificar una "quimera", es que no disponían de los medios de fuerza suficientes para imponerse a la intervención de la Policía y la Guardia Civil. De lo que habrá que deducir que los separatistas son libres de volver a dar un golpe de Estado siempre que lo deseen, porque si no lo consiguen, no habrá habido intención de darlo, y si lo consiguen, aunque se confirme con ello la existencia del golpe, quedarán fuera del alcance de la ley española por haberse independizado.
En resumen: por obra tanto de personas como de instituciones, el Estado ha demostrado, una vez más, su incapacidad para defender la soberanía nacional y el orden constitucional. Que nadie se equivoque: los enemigos mortales de la nación española no son los separatistas, sino las personas, partidos e instituciones que llevan cuarenta años parasitándola y dinamitando el Estado desde dentro.
Ya saben los españoles lo que tienen que hacer si quieren seguir existiendo como nación.