Durante muchos años, los españoles de mi generación soñábamos con que algún día habría partidos políticos en nuestro asendereado país. Hubo que esperar algún tiempo para que se produjera el "hecho biológico" y llegara la ansiada Transición. Con algunos sobresaltos, al final se legalizaron los partidos políticos, más o menos los que circulaban en la clandestinidad. Tanta era la reverencia que merecían que algunos empezaron a llamarlos "formaciones" con una cierta resonancia militar. "Militantes" eran sus afiliados.
Bien, después de 40 años, hemos llegado al final de la Transición. Nadie nos dijo hasta cuándo debíamos transitar y cuál iba a ser el punto de arribada. La situación actual, verdaderamente intransitable, es que nos ahoga el excesivo número de partidos con escaños en el Parlamento, más de una quincena. Eso significa que se presentan numerosas dificultades para conseguir que un solo partido consiga la mayoría suficiente para constituir Gobierno. Por lo mismo, tampoco queda claro qué partido va a ser el líder de la oposición. Hay partidos que representan a una sola región, incluso a una sola provincia. Lo cual contradice el espíritu de una sana democracia, en la que todos los partidos deben representar a todos los españoles, cada partido desde su particular ideología.
Puede ser que, después de muchos cabildeos (que ahora llaman "diálogo"), se forme una coalescencia de partidos que logren la investidura de un presidente del Gobierno. Pero va a resultar mucho más difícil (ahora dicen "complicado") que con tal procedimiento se llegue a constituir la mayoría necesaria para aprobar unas u otras leyes. La prueba es que llevamos no sé cuánto tiempo con la Ley de Presupuestos del Gobierno del extinto Rajoy. Es decir, con una quincena o más de partidos no puede haber Gobierno ni oposición como Dios manda.
Se impone, pues, la reforma de la Constitución para armar un nuevo esquema de partidos. El problema reside en que, para cambiar la Constitución (que ahora llaman ostentosamente "la carta magna"), se necesita una mayoría calificada de diputados. Es decir, volvemos a la casilla de salida. La única forma de superar el marasmo es que todos aporten un mínimo de patriotismo, virtud esta que, por desgracia, anda muy en desuso.
Seamos lógicos. Partamos del principio de que un partido político debe intentar la representación de todos los españoles, naturalmente desde su correspondiente ideología. Caben todos los programas, excepto los que propugnen el fin de la democracia, un régimen totalitario o la ruptura de la nación española.
En atención al sagrado principio de la libertad de pensamiento, cuando un posible partido no se adapte al criterio de representar a todos los españoles, se podría dar de alta como grupo de presión. Por ejemplo, puede haber un grupo que sea Republicanos de Extremadura o Zamora También Existe que puedan adoptar tal fórmula de consolación. En una democracia bien constituida debe haber lugar para los grupos de presión perfectamente legales, pero sin que se sienten en los escaños del Parlamento.
La cuestión práctica consiste en deslindar el criterio de la "representatividad de todos los españoles". La denominación geográfica del grupo en cuestión nos va a dar muchas pistas, las que tendrían que ser estudiadas por la Junta Electoral o el Tribunal Electoral. No soy jurista, pero se me ocurre que un método práctico para reconocer la legitimidad de un partido sería el hecho de que levantara votos en diez provincias o más. Es un límite como otro cualquiera.
Como es natural, caben otras muchas propuestas en aras del patriotismo. Pero lo que parece indiscutible es que un Parlamento no puede funcionar si en él confluyen una quincena de partidos. Tal guirigay resulta incompatible con una democracia sana. En las alianzas de diferentes partidos para formar Gobierno, puede darse el caso de que uno pequeño logre dominar al que cuenta con más votos. No es una lucubración. En estos momentos lo más probable es que, en el Gobierno progresista que se pueda formar, quienes corten el bacalao sean los comunistas. Son pocos y cada vez menos, pero de golpe adquieren el poder decisorio. Lo peor no es que sean comunistas (bien que disfrazados con piel feminista y ecologista), sino que son incompetentes. ¡Ay España!