Gran expectación y no pocas expectativas en el mundo separatista ante la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la hipotética inmunidad en calidad de eurodiputado de Oriol Junqueras, condenado en España a trece años de cárcel y de inhabilitación por sedición. Dados los antecedentes de los golpistas ante las Justicias belga y alemana, hay optimismo entre los independentistas, que difunden la idea de que el citado tribunal europeo podría ordenar la excarcelación inmediata del líder de ERC e inminente socio de Pedro Sánchez y del PSOE.
Sea por la Leyenda Negra, la inoperancia endémica de la diplomacia española, la irrelevancia internacional de nuestros Gobiernos, las incongruencias del sistema judicial o la suma de tales circunstancias, el caso es que en materia de proceso separatista la propensión judicial en Europa es favorecer los intereses de los delincuentes. Por más vueltas que se le dé al asunto, no hay nada que hacer. Los jueces de Schleswig-Holstein y los de Bruselas consideran que la Justicia española es una cosa de flamenco y pandereta o está anclada en la Santa Inquisición, de modo que los terroristas de ETA antes y los golpistas de Cataluña ahora encuentran consuelo y cobijo al norte de los Pirineos. No es una cosa que ocurra desde ayer, precisamente.
En el caso de la supuesta inmunidad de Junqueras, opera a favor de las tesis secesionistas el vidrioso informe del abogado general de la Unión Europea, el polaco Maciej Szpunar, partidario de la teoría de que la inmunidad parlamentaria se alcanza en el momento de resultar elegido, no en el de jurar el cargo. Su tesis no es vinculante y podría ocurrir que el TJUE decidiera que para gozar de los privilegios del cargo se ha de haber tomado posesión del escaño. Ocurre que a Junqueras se le ha juzgado y condenado por unos delitos cometidos antes de haberse presentado a las elecciones europeas y la teórica inmunidad no debería tener efectos retroactivos.
Uno de los problemas es que, a pesar de estar en la cárcel y procesados o en fuga, se permitió a los autores de la asonada de octubre del 17 concurrir a cuantas elecciones se produjeron en España después del golpe, cosa que no deja de resultar singular. Otro problema es que el TJUE tiene que resolver un contencioso que afecta al socio preferente del presidente del Gobierno de España, un tipo que está en la cárcel por sedicioso. Y eso ya es imposible de explicar en la mayoría de los países europeos, se tienda o no a pensar que nuestro país es una plaza de toros o un gran tablao. Para ser respetados en Europa convendría empezar por respetarnos de puertas adentro y el acuerdo con Junqueras no va en esa línea.