Varios países europeos han levantado restricciones. Austria, Dinamarca, Chequia y Alemania ya lo han hecho, con distinta amplitud. En Italia, donde la pandemia ha tenido un impacto similar al de España, la salida del confinamiento empezará a principios de mayo. Francia y Holanda prevén reanudar alguna actividad académica una semana más tarde. Las diferencias son muchas, pero lo común a estos casos y países es que en todos ellos los Gobiernos han establecido y anunciado plazos para pasar a un período de restricciones menos severas. En España, en cambio, no es así. El único alivio cuya fecha se conoce es el que afecta a los niños, y aun eso ha estado envuelto en la confusión.
Los portavoces oficiales dicen que los planes para organizar esa transición se están elaborando desde hace semanas. Pero indican que sólo los harán públicos cuando estemos en condiciones de llevarlos a la práctica. Esto es, cuando el índice de nuevos contagios, la capacidad del sistema sanitario y la posibilidad de detectar y aislar los casos se encuentren en el nivel adecuado. Vienen a decir, así, que el plan de retirada gradual de las limitaciones únicamente lo dará a conocer el Gobierno cuando esté a punto de aplicarse. Sería un (nuevo) error.
El plan tiene que hacerse público en cuanto concluya su elaboración. En ningún caso el día antes de que entre en vigor. Mucho menos la noche previa, con la gente esperando a que salga en el Boletín Oficial de Estado. La sociedad española debe contar ya con un horizonte mínimamente definido y una idea más precisa de cómo podrá iniciar su reactivación. El encadenamiento de estados de alarma, uno tras otro, no se puede mantener en una forma que intensifica la apariencia de permanente improvisación. Los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de formarse expectativas con un arco temporal. La falta de expectativas a la que están abocados ahora por la ausencia de ese plan sólo acrecienta la incertidumbre provocada por la pandemia. Tendrá que ser parcial y flexible, pero tiene que estar ahí. Tiene que darse a conocer.
No es ésta una urgencia determinada por algún ataque de impaciencia, por el cansancio o la tensión. Hay sólidas razones para apremiar al Gobierno en esto. También la capacidad de seguir conteniendo la epidemia va a depender de ello. Para empezar, no se le ha extendido al Ejecutivo un cheque en blanco para prolongar sine die los estados de alarma. Tienen que estar justificados en cada momento. No grosso modo, sino en perfecto detalle. Y debe sopesar continuamente la eficacia de las restricciones frente a las limitaciones de derechos que implican y los efectos que producen en la sociedad civil y en la economía. Si es posible conseguir la misma eficacia con menos limitaciones, debe optar por esto. Como dice en sus últimas recomendaciones para la superación de la crisis la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina (Alemania), documento que los gobernantes han tenido muy en cuenta, el Estado tiene la obligación no sólo de poner plazos a las restricciones, también de someterlas a constante evaluación.
Sin una justificación fundamentada de su eficacia, sin un horizonte de salida a la vista, la aceptación de las restricciones disminuirá. Cuanto menos aceptación tengan, más dependerán del uso de la coerción. Y cuanto más dependan de la coerción, menos van a depender de la responsabilidad individual. Que el confinamiento se cumpla cada vez más por miedo a la sanción que por responsabilidad es mala cosa. No en un sentido moral, sino funcional. Porque nada de esto va a funcionar, ni ahora ni en las siguientes fases, si no tiene un peso determinante ese factor humano. Sin el ejercicio de la responsabilidad individual, la epidemia no se podrá contener. Ya es así ahora mismo, pero lo será mucho más.