La educación es un microcosmos institucional hecho de una pobreza conceptual y retórica análoga a la que es visible en otros ámbitos. Ciertos tópicos ya ajados se imponen, desde hace tiempo, como invocaciones sagradas prácticamente imposibles de combatir en la arena pública. “Aprender por uno mismo”, “aprender a aprender” y trivialidades semejantes triunfan en un terreno que abandonó los rigores académicos y el escrúpulo teórico por banalidades psicologistas o sublimaciones teológicas. Sin embargo, ¿cómo se mide la capacidad del alumno para “aprender por sí mismo”? Cualquier profesor que respete su profesión, la función específica que le da contenido y tenga como fin el aprendizaje escolar de sus alumnos, no encontrará otra respuesta efectiva que ésta: con pruebas objetivas, bien medidas, que permitan calibrar contenidos adquiridos, habilidades dominadas y destrezas y hábitos interiorizados, teniendo en cuenta la realidad de los estudiantes con los que trabaja. Si se admite la voltereta de que, con asignaturas suspensas –y más teniendo en cuenta el empobrecimiento patológico de los niveles académicos en el ya de por sí endémico sistema educativo público–, se puede haber “aprendido por uno mismo” y haber alcanzado “madurez”, según sostiene la última propuesta ministerial, habría que preguntar qué se ha aprendido y en qué se ha ganado madurez, es decir: ¿en qué otros criterios se basa tal aprendizaje?
La respuesta a esta pregunta se halla en el carácter sacerdotal de los jerarcas de la pedagogía. El formalismo educativo que infecta la escuela pública, que ninguna formación política parece dispuesta a revertir, consiste en ese barrido de los contenidos al servicio de unas entelequias cuasidivinas cuyos arcanos sólo los profetas y augures de la pedagogía oficial pueden conocer. De ahí que sean los departamentos de orientación los que, por encima de los diagnósticos de los titulares de las asignaturas, impongan el aprobado y la titulación en función de ese “aprendizaje por uno mismo”, esa “madurez” y la “capacidad para el trabajo en equipo” que no hay manera de evaluar si no es por inspiración divina o, como sabe cualquier profesor mortal, por medio de exámenes, ejercicios y pruebas objetivas. Pero los jornaleros de la tiza han quedado reducidos a burócratas al cargo de grupos de jóvenes que distraer y poco tienen que decir en una cuestión, la titulación, que no parece ser ya de su competencia.
Acaso lo más grave sea que la medida propuesta vendría a formalizar legalmente una realidad que ya se da de facto en muchos casos: un bachillerato minúsculo de dos cursos, atravesado por asignaturas optativas que, paradójicamente, obligan en muchos casos a no cursar lo que se quiere o necesita estudiar, en el que las presiones para titular a alumnos con una asignatura suspensa son casi rutinas administrativas, convertido ya en una prolongación infantilizada de la enseñanza secundaria, como trámite previo a una universidad precaria y, por tanto, costosa.
El resultado es la culminación de un proceso iniciado en los años 90: vaciar de valor las titulaciones escolares por igualación, ofrecer una retórica populista con el cebo de la inclusión y, como consecuencia, dejar sin formación académica sólida a los estudiantes sin recursos. Ni el más despiadado de los neoliberales diseñaría un plan tan perfecto. Los centros privados se relamen con las políticas de la izquierda progresista. Y así, vendiendo la generosidad de un ministerio que graciosamente concede títulos a la población escolar por poco más que cumplir años, se le asesta a la escuela pública, en plena pandemia, el golpe de gracia para su destrucción, dejándola convertida en oficina de tramitación de certificados con destino al desempleo mientras se contiene y entretiene a los sujetos afectados durante los horarios laborales.