Pedro Sánchez pretende imponer a los españoles un nuevo estado de alarma de nada menos que seis meses de duración con la idea de diseminar la culpa y ahogar las críticas al espeluznante fracaso de su Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus.
Lo primero que cabe resaltar son los modos antidemocráticos del Gobierno Nefasto, que recurre con alarmante frecuencia a medidas de excepción que le dotan de unos poderes formidables. La Constitución fija la duración del estado de alarma en quince días, con aval del Congreso de los Diputados, que deberá autorizar una eventual prórroga otra quincena. Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucional al precisar que la restricción de derechos fundamentales no puede ser un arma incontrolada en manos del Ejecutivo, sino que debe adoptarse por motivos tasados y durante el menor tiempo posible. En cambio, Sánchez el liberticida pretende imponerlo sin los controles debidos y por un espacio de tiempo absolutamente injustificable.
Pero es que además ese eterno confinamiento sui generis no va a resolver el grave problema sanitario planteado por la nueva oleada del covid-19. Como demuestra el caso de Madrid, la clave está en aplicar medidas selectivas y procurar por todos los medios dañar lo menos posible la actividad económica, pues la crisis va a ser verdaderamente descomunal.
Sánchez desea gobernar con la población confinada y privada de capacidad de movilización. Cada vez que él y su banda de incompetentes sectarios fracasan, recurre al cerrojazo. Y la institucionalidad se resiente en un país donde ya está puesta en jaque por... los golpistas y separatistas que se jactan de haber colocado en la Moncloa al peor de los gobernantes que imaginarse quepa.
La oposición que se tenga por tal debe plantar cara a este nuevo desafuero autoritario y no dejar a la sociedad a merced de quienes parecen empeñados en aniquilarla.