La reforma educativa aprobada el pasado jueves por el Ejecutivo socialcomunista constituye un ataque sin precedentes al derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. La ley pergeñada por PSOE y Podemos acaba con los centros de educación especial, socava gravemente el actual régimen de conciertos educativos y, en una nueva genuflexión ante sus socios separatistas, pone en bandeja a las comunidades con lengua propia erradicar el español como lengua vehicular de la enseñanza.
Ninguna ley de educación desde 1970, y se han aprobado nada menos que ocho, fue tan lesiva para la enseñanza española como lo va a ser esta norma elaborada por el gabinete de la infausta Isabel Celáa, una dirigente socialista que, como la práctica totalidad de sus conmilitones, educó a sus hijos en colegios privados como los que ahora pretende erradicar.
En respuesta a esta nueva reforma legal, aprobada sin debate público y sin opción a que los sectores involucrados manifestaran su criterio, las asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos y demás colectivos del mundo de la educación se manifestaron ayer en más de 30 capitales para mostrar su más firme rechazo a esta LOMLOE que los socialcomunistas pretenden imponer a sangre y fuego. El lema muy elocuente de esta movilización ha sido “Por el derecho a elegir la educación que queremos”, una prerrogativa de todos los ciudadanos recogida en nuestra Constitución, que los partidos que pretenden abiertamente acabar con nuestro régimen de libertades pretenden eliminar con una ley profundamente sectaria.
Pero el entreguismo de Sánchez e Iglesias a las comunidades con gobiernos separatistas, a los que faculta para mangonear esta ley en su provecho, encierra a su vez una oportunidad para poner a salvo de este engendro liberticida a la población residente en las autonomías gobernadas por el centro-derecha. Así lo han entendido los principales partidos de la oposición, que ayer se sumaron a las manifestaciones de protesta convocadas en toda España, y cuyos dirigentes autonómicos ya estudian las diferentes vías para dejar sin efecto los aspectos más lesivos de esta reforma unilateral socialcomunista.
Sánchez prosigue con esta ley su labor de demolición para lograr un cambio de régimen y la obligación de la oposición leal a España y su Constitución es evitarlo utilizando todos los medios legítimos a su alcance. No solo en los territorios donde gobierna, sino también y muy especialmente en las autonomías en manos de la izquierda y el separatismo, donde el desarrollo de esta ley amenaza con socavar aún más los derechos de las familias que no pueden pagar a sus hijos una educación privada de élite como hacen unos y otros.