A cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, PSOE y PP se encuentran enzarzados en una lucha donde por supuesto nadie respeta las reglas del marqués de Queensberry. Por otra parte, los medios ni quitan ni ponen rey, pero ayudan a su señor. Los gubernamentales aceptan sin rechistar el estúpido argumento de que el PP incumple la Constitución, que es algo completamente falso. Es más, si algo incumple la Constitución en todo esto es la ley que redactó el PSOE y que otorga a los políticos la facultad de elegir a los doce vocales del Consejo que han de salir de entre jueces y magistrados. Y los medios de la oposición defienden sin más el enroque de Casado dándole legitimidad a su exigencia de que se reforme la ley para conformarla con la Constitución antes de consentir ninguna renovación.
La ley de 1985 es inconstitucional, pero el tribunal que debería haberlo declarado dijo lo contrario tras las oportunas presiones del Ejecutivo presidido por Felipe González. Por consiguiente, la ley es formalmente constitucional, pero esto no impide cambiarla. Lo mismo les pasa a muchas. Sin ir más lejos, son igualmente inconstitucionales la del matrimonio homosexual y la del aborto. El caso de la del matrimonio entre parejas del mismo sexo es idéntico al de la de la elección de vocales del Consejo, que el tribunal la declaró constitucional sin serlo, pero el PP, que fue quien interpuso el recurso, pudo haberla reformado y, sin embargo, no lo hizo. La del aborto está esperando sentencia, pero el PP también pudo cambiarla y tampoco quiso.
Entonces, ¿tiene o no Casado legitimidad para condicionar su colaboración en la renovación de cargos del Consejo a que el PSOE cambie la ley? Ninguna. Si el PP quiere cambiarla, que lo haga cuando gobierne, algo que por otra parte tuvo muchas ocasiones de hacer, pero prefirió desaprovecharlas. Otra cosa es que cuando llegue al poder, si es que lo consigue, y por una vez y sin que sirva de precedente, cumpla lo que promete.
Además, no es la primera vez que el PP se ve obligado a pactar una renovación del Consejo mientras gobierna el PSOE, y nunca exigió como requisito previo la reforma de la ley. En su momento no tuvo inconveniente en pastelear los jueces que hicieran falta, incumpliendo sus promesas electorales, porque podía abusar de que el electorado de derechas no tenía otro partido al que votar que no fuera a éste al que tanto le incomodaba tener que defender las ideas de sus votantes. Pero hoy está Vox y, desaparecido Ciudadanos y cegada en consecuencia la espita por donde huían los votantes de centro, el PP necesita conservar y ganar los que pueda por la derecha. Y a ese fin sirve la negativa de renovar el Consejo mientras no se cambie la ley. Más allá de las muchas tonterías que dicen los líderes del PSOE y sus medios afines, la actitud no es del todo edificante.